Los nuevos cargos contra El Aissami desnudan el saqueo que quebró a Venezuela

Por 28 años, el discurso oficial transmitido por los medios del Estado y replicado por sus voceros ha mantenido una consigna invariable: la falta de luz, la escasez de agua, los sueldos miserables y la ruina generalizada del país obedecen a un asedio financiero exterior. Sin embargo, los documentos procesales que tramita la propia justicia venezolana cuentan una historia totalmente distinta.

La reciente imputación contra Tareck El Aissami, formalizada por los fiscales Luis Dueñez y Eddy Ramírez, sumó al expediente cargos por apropiación o distracción de patrimonio público, tráfico ilícito de material estratégico y legitimación de capitales. Estos delitos se acumulan al proceso principal de la trama PDVSA-Cripto, un caso ventilado a puertas cerradas en tribunales caraqueños donde se juzga por traición a la patria y asociación para delinquir a más de sesenta personas que hasta hace poco manejaban los hilos del aparato económico y petrolero.

La confesión en los tribunales

No son gobiernos extranjeros ni informes de organismos opositores los que describen el desvío sistemático de buques petroleros, el lavado de divisas mediante plataformas digitales opacas o la salida de valijas repletas de lingotes de oro y efectivo hacia cuentas en el exterior. Son los fiscales designados por el propio poder público los que han tenido que admitir que los recursos de la principal industria de la nación jamás ingresaron a las arcas del Banco Central de Venezuela.

Las dimensiones del desfalco varían según la fuente, pero cualquier cifra resulta demoledora. La versión oficial calculó pérdidas cercanas a los 5.550 millones de dólares, mientras que análisis de entidades especializadas como Transparencia Venezuela elevan la cifra hacia los 16.900 millones. Hablamos de sumas que habrían bastado para reconstruir la infraestructura eléctrica de punta a punta, reequipar cada quirófano público y asegurar que millones de familias no tuvieran que separarse empujadas por la necesidad extrema.

El pretexto de la evasión

El argumento chavista más cínico consistió en justificar la opacidad como un mecanismo patriótico. Sostuvieron que, para evadir el cerco financiero internacional impuesto a jerarcas y empresas estatales, era indispensable operar en la sombra, vender crudo sin intermediarios formales y liquidar dividendos en criptoactivos fuera de cualquier supervisión contable.

Lo que esa maniobra ocultaba era el negocio definitivo: un sistema diseñado a la medida de una cúpula que utilizaba la fachada del antiimperialismo para vaciar el erario sin dejar rastro burocrático formal. Cuando los barcos partían y los fondos no aparecían, la respuesta para el ciudadano que abría el grifo sin que saliera una sola gota de agua siempre era la misma: la culpa era de Washington.

Tareck El Aissami no era un actor secundario ni un infiltrado en la administración. Fue viceministro, ministro de Interior y Justicia, gobernador del estado Aragua, vicepresidente ejecutivo y la máxima autoridad de la cartera petrolera. Encarnó el poder real durante décadas, rodeado de un séquito que hoy se divide entre prisiones de máxima seguridad, juicios herméticos donde se ventilan acusaciones de torturas entre antiguos aliados, y expedientes de captura internacional.

Un daño que pagó el ciudadano común

Mientras ese grupo de altos dirigentes amasaba fortunas y coordinaba redes paralelas de comercio con empresarios señalados como testaferros, los venezolanos hacían colas de días enteros para conseguir unos litros de gasolina en un país que se ufanaba de tener las reservas de hidrocarburos más grandes del planeta. Millones de personas tomaron una mochila y cruzaron fronteras a pie porque el salario no alcanzaba para comprar comida para una semana.

Pretender que ese éxodo monumental y esa quiebra material fueron causados por medidas foráneas es un insulto a la memoria del país. La crisis venezolana tiene responsables con nombres y apellidos, firmas en decretos ejecutivos y cargos ministeriales. Cada nueva imputación redactada en los tribunales del régimen es, en los hechos, una partida de defunción para su propia propaganda.