Plazos que se diluyen, esperanzas que se agotan, la paciencia del venezolano no es un cheque en blanco
El desplazamiento de las fechas acordadas para renovar los poderes públicos en Venezuela no solo prolonga la incertidumbre institucional, sino que evidencia una preocupante desconexión entre los negociadores y la urgencia ciudadana.


Cuando a mediados de julio de 2026 se formalizó la agenda de trabajo entre la directiva de la Asamblea Nacional electa en 2015 y los voceros del oficialismo encabezados por Jorge Rodríguez, se intentó proyectar una ruta con objetivos calendarizados. Para una sociedad que acumula décadas de deterioro sistemático y desgaste institucional, el establecimiento de plazos concretos representaba el único parámetro objetivo para medir si este nuevo intento tendría un destino diferente al de anteriores mesas de negociación.
A su llegada a Caracas a comienzos de agosto, Dinorah Figuera fue explícita frente a los micrófonos: noviembre marcaría la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia y diciembre vería configurado un nuevo Consejo Nacional Electoral. Esas dos fechas eran el corazón de la hoja de ruta, pues sin un árbitro imparcial ni garantías jurídicas mínimas cualquier horizonte electoral carece de sustento real.
El desplazamiento de los plazos comprometidos
Transcurridos poco más de dos meses y tras el inicio del tercer ciclo de conversaciones en el Hotel Meliá Caracas, aquel cronograma empezó a deslizarse. Lo que en agosto se presentó como un compromiso con fecha de entrega, para mediados de octubre pasó a describirse como un trámite complejo que exige compás de espera. Integrantes de la delegación parlamentaria, como el diputado Juan Miguel Matheus, explicaron que el Comité de Postulaciones Judiciales apenas iniciaba su conformación a mediados de mes, lo que posterga la designación de nuevos magistrados al menos hasta las últimas semanas de diciembre.
Ese corrimiento impacta de lleno sobre el segundo hito: el Poder Electoral. Tras el respaldo recibido en Washington por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien pidió paciencia frente a los tiempos institucionales, la renovación del CNE quedó desplazada sin fecha precisa para el primer tramo de 2027. Lo que en el papel pretendía acelerar las condiciones para una transición ordenada amenaza con convertirse en otro calendario elástico, alejando la posibilidad de contar con elecciones transparentes y renovadas en los lapsos que la crisis humanitaria y social reclama.
La desconexión frente al reclamo ciudadano
El problema no radica únicamente en la dilatación técnica de los acuerdos, sino en la respuesta política ante las exigencias de resultados. Al calificar con ligereza las críticas y observaciones emitidas en plataformas digitales como simples ruidos o dinámicas de enjambre, los dirigentes de la mesa incurren en un error de apreciación grave respecto al entorno en el que vive el venezolano común.
En un país donde el derecho a la protesta pacífica en las calles ha sido neutralizado por la intimidación, donde los medios tradicionales operan bajo restricciones severas y la autocensura forzada, las redes sociales constituyen prácticamente el único canal disponible para la expresión cívica. Pretender que esa demanda constante de transparencia no representa el sentir social es ignorar la asfixia cotidiana de millones de personas que no pueden permitirse ciclos diplomáticos interminables mientras sus condiciones básicas de vida continúan intactas.
Resultados parciales frente a demandas estructurales
Los voceros del diálogo han exhibido como avances el desbloqueo de portales informativos que permanecieron censurados durante años, tales como El Pitazo o Efecto Cocuyo, así como la conformación de subcomisiones de trabajo. Si bien cualquier restitución de libertades informativas es valorada, no puede equipararse un trámite administrativo sobre proveedores de internet con la transformación estructural del aparato judicial y comicial.
La experiencia venezolana demuestra que los procesos de negociación tienden a estancarse en comisiones técnicas cuando desaparece la presión por cumplir metas estrictas. La reinstitucionalización del Estado no puede depender de una espera indefinida. Si quienes afirman representar el camino hacia la recuperación democrática no rinden cuentas claras ni respetan los tiempos ofrecidos, la desconfianza ciudadana no hará más que profundizarse, alejando la salida política que la nación entera necesita con urgencia.
Análisis Relacionados

El cobro de la recompensa: Jorge Rodríguez y su nuevo estatus en Washington
La salida de Jorge Rodríguez de la lista de la OFAC, confirmada hoy, cierra el círculo de una operación de entrega que comenzó con la captura de Nicolás Maduro. Para el autor, esto representa el cobro de recompensas millonarias y confirma el rol de Rodríguez como un operador pragmático que sirve a sus propios intereses.
