La coartada del bloqueo: Rigor cronológico frente al relato oficial de las sanciones

Tesis central: La crisis socioeconómica e institucional venezolana no nació de las sanciones internacionales; las sanciones sectoriales llegaron a un país que ya había colapsado previamente debido a controles de cambio y de precios, expropiaciones generalizadas, desinversión, corrupción y el choque por la caída de los precios petroleros.

En la arena pública venezolana, el debate económico ha quedado secuestrado por una narrativa simplificadora: atribuir de manera automática cada colapso en los servicios, la escasez de bienes de primera necesidad, el descalabro hospitalario y la hiperinflación a un «bloqueo imperialista». Recientemente, voceros gubernamentales como Jorge Arreaza y el viceministro William Castillo Bollé (director del Observatorio Venezolano Antibloqueo) han insistido en situar el origen de la debacle en la Orden Ejecutiva 13692 firmada por Barack Obama en marzo de 2015, catalogándola como «la madre de todas las sanciones» y adscribiéndole efectos de asfixia generalizada bajo el argumento de un pretendido «overcompliance» o sobrecumplimiento bancario.

Sin embargo, someter esta tesis a las normas elementales de la metodología histórica, la lógica contable y los propios datos publicados por el Estado venezolano basta para derrumbar el mito: la crisis económica y humanitaria no nació de las sanciones; las sanciones sectoriales llegaron a un país que ya estaba en ruinas por decisiones soberanas de política pública.

1. El decreto de 2015: Siete personas no constituyen un país

El primer gran anacronismo del relato oficial consiste en equiparar la Orden Ejecutiva 13692 de marzo de 2015 con un bloqueo económico integral. Para cualquier observador que consulte el texto oficial publicado en el Federal Register (80 FR 12747), la realidad es inequívoca:

Atribuir a las cuentas y visados congelados de siete individuos la escasez de leche, medicinas, repuestos o papel higiénico que ya provocaba colas multitudinarias en 2014 y 2015 constituye una manipulación de la memoria colectiva del pueblo venezolano.

2. Lo que confiesan «Los números del bloqueo» del propio Estado

Cuando el viceministro William Castillo invita a revisar el informe institucional de su despacho («Los números del bloqueo 2014–2023: Relato estadístico de una agresión», publicado en mayo de 2023 por el Centro Internacional de Inversión Productiva y el Observatorio Venezolano Antibloqueo), los propios datos oficiales terminan por desmentir su narrativa:

Marzo 2015 | Orden Ejecutiva 13692 (Obama): Sanciones individuales y nominales a exactamente 7 funcionarios. Cero bloqueo comercial, cero trabas a PDVSA o a la importación.

2014 - 2016 | Colapso del modelo previo: Caída del barril de crudo ($98 a $35), distorsión cambiaria por CADIVI/CENCOEX, escasez generalizada y quiebra por expropiaciones.

Agosto 2017 | Orden Ejecutiva 13808 (Financiera): Primeras restricciones financieras a la emisión de nueva deuda pública y bonos soberanos. Reconocido en la pág. 37 del informe oficial.

Enero 2019 | Orden Ejecutiva 13850 (Petrolera): Inicio formal de sanciones sectoriales directas contra PDVSA y exportación de crudo. Cuatro años después del estallido de la emergencia.

Si el propio Observatorio Antibloqueo sitúa las sanciones financieras en agosto de 2017 y las petroleras en enero de 2019, ¿cómo se justifica la devastación del trienio 2014-2016? La escasez y la recesión se gestaron en pleno ejercicio de comercio libre debido a tres factores estrictamente internos:

3. La coartada del «bloqueo invisible» (Overcompliance)

Para intentar salvar este vacío cronológico, voceros como Jorge Arreaza apelan al concepto del sobrecumplimiento o «overcompliance», afirmando que la banca internacional cerró filas contra el país mucho antes de que existieran prohibiciones expresas. Esta afirmación confunde deliberadamente el riesgo soberano con la agresión geopolítica.

El distanciamiento de la banca internacional antes de 2017 respondió a la evaluación técnica de riesgo país y a los controles contra la legitimación de capitales. Venezuela no enfrentaba un bloqueo financiero en 2015; Venezuela se convirtió en un destino financieramente tóxico debido a:

Exigir que la banca comercial extranjera mantuviera líneas de crédito sin garantías a un Estado en insolvencia evidente no es denunciar un bloqueo; es ignorar las reglas básicas del funcionamiento financiero internacional.

4. Rigor metodológico: La verdad histórica frente a la propaganda

Nadie desconoce que las medidas coercitivas unilaterales y las restricciones sectoriales impuestas a partir de 2017 y 2019 agregaron severas trabas a la operatividad de PDVSA y a la gestión del flujo de divisas. Analizar el impacto de esas medidas con espíritu crítico es un ejercicio metodológicamente válido y necesario.

Lo que resulta inaceptable es reescribir la historia para colocar el carruaje delante de los caballos. Las sanciones sectoriales no crearon el colapso estructural: aceleraron la agonía de un modelo extractivo y autoritario que ya había pulverizado el poder adquisitivo, quebrado la petrolera estatal por desfalco y desprofesionalización, y arrojado a millones de ciudadanos a la pobreza extrema mucho antes de que se dictara la primera sanción general.

Exigir rigor cronológico no es defender sanciones ni complacer narrativas foráneas: es reivindicar la verdad de lo vivido por la sociedad civil. La crisis venezolana tiene causas y responsables directos en decisiones internas de poder. Desarmar la coartada del bloqueo es el paso indispensable para erradicar la impunidad política y construir una alternativa verdaderamente democrática.