Comité de Postulaciones Judiciales: los nombres bajo la lupa de la sociedad civil
La Asamblea Nacional oficializó a los 12 representantes ciudadanos que junto a 11 diputados deberán preseleccionar a los 32 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Conozca quiénes son, sus trayectorias y por qué los venezolanos no pueden tolerar más dilaciones en la restitución del Estado de derecho.
El venezolano de a pie conoce al detalle el costo de no tener justicia. Lo ha pagado durante años en cada comisaría, en cada trámite bloqueado por una coima y en la indefensión absoluta cuando el poder decide que una persona estorba. Durante décadas, el Tribunal Supremo de Justicia no funcionó como el garante de la Constitución, sino como un bufete privado al servicio del terrorismo de Estado. Desde sus distintas salas se redactaron sentencias a la medida para encarcelar a la disidencia, arrebatar partidos políticos, convalidar fraudes descarados y cercenar las libertades fundamentales de millones de ciudadanos.
Por esa razón, la conformación definitiva del Comité de Postulaciones Judiciales no es un trámite protocolar más en los pasillos de la Asamblea Nacional. Es una encrucijada donde se juega la posibilidad real de iniciar el rescate de las instituciones o de caer nuevamente en la simulación que prolonga la asfixia del país. La plenaria parlamentaria aprobó finalmente a los 12 representantes de la sociedad civil que se sumarán a los 11 diputados ya juramentados. En total son 23 personas que tienen la responsabilidad de evaluar y filtrar a los aspirantes a ocupar las 32 magistraturas principales y sus suplencias.
El calendario original contemplaba contar con magistrados juramentados para el mes de octubre, mientras que la recomposición del Poder Electoral se proyectaba para finales de año. Los lapsos se han corrido y la preselección apunta ahora a las primeras semanas de diciembre. Los ciudadanos podemos asumir este retraso apretando los dientes y tragando grueso, pero con una advertencia intransigible: el tiempo concedido no puede transformarse en una coartada para la componenda ni para la repartición de cuotas a espaldas del país.
La urgencia de un tribunal que deje de ser un arma de persecución
Recuperar la República pasa obligatoriamente por el saneamiento de sus tribunales. Un país con los juzgados secuestrados es un territorio a merced del chantaje, donde la vida, la libertad y la propiedad privada carecen de cualquier blindaje jurídico. Nadie pone su patrimonio ni arriesga un solo dólar en un escenario donde los magistrados obedecen órdenes partidistas. Los inversionistas serios, las empresas con capacidad técnica y los organismos internacionales saben distinguir perfectamente entre un Estado de derecho y una tramoya.
El dilema se parece mucho a ese truco callejero de los tres vasos y la pelotita, donde el timador mueve los recipientes a toda prisa para confundir a los incautos y quedarse con su dinero. Nadie con dos dedos de frente entra a apostar en una mesa donde las cartas están marcadas de antemano. Si Venezuela aspira a salir de la ruina económica y del aislamiento internacional, el TSJ tiene que dejar de ser el brazo legal del atropello. La tarea de elegir magistrados con independencia comprobada, formación rigurosa y solvencia ética es la prueba de fuego de este proceso.
Veeduría ciudadana y el aporte de Macedonia del Norte
Frente al hermetismo tradicional de la política palaciega, la sociedad civil venezolana ha demostrado que no está dispuesta a quedarse al margen. Un ejemplo notable de resistencia y vigilancia activa lo encontramos en la iniciativa digital Macedonia del Norte, una plataforma desarrollada e implementada por el ingeniero y activista Giuseppe Gangi. Este esfuerzo independiente permitió monitorear en tiempo real a los 127 aspirantes que se inscribieron para integrar el comité, exponiendo sus hojas de vida, sus credenciales y facilitando un ranking de calificación pública.
El aporte de iniciativas como Macedonia del Norte merece un reconocimiento expreso: devolvió a los ciudadanos una herramienta de escrutinio que los poderes públicos pretendían manejar con discreción burocrática. Gracias a este trabajo de sistematización hoy podemos saber con precisión de dónde viene cada uno de los elegidos, cuáles son sus fortalezas y cuáles los antecedentes que despiertan legítimas dudas.
Quiénes son los 12 miembros de la sociedad civil
La lista de 12 seleccionados por la plenaria legislativa presenta un cuadro heterogéneo. Conviven en ella perfiles de incuestionable estatura académica y compromiso cívico junto a nombres que arrastran señalamientos por su cercanía al oficialismo o por su participación en instancias previas.
Guillermo Tell Juan Pablo Aveledo Coll (48 años): Politólogo y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Central de Venezuela. Es decano de la Facultad de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Metropolitana (Unimet), especialista en historia del pensamiento político venezolano y miembro de redes internacionales como el grupo de expertos de IFIT. Su participación en la Comisión Nacional de Primaria de 2023 le otorgó un amplio reconocimiento público, situándose en los primeros lugares de respaldo en la plataforma ciudadana. Aporta rigor doctrinal y peso académico.
Juan Domingo Alfonzo Paradisi (62 años): Abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en Derecho Administrativo y magíster en Administración Pública en España. Socio principal del escritorio jurídico Torres, Plaz & Araujo, fue juez suplente de lo Contencioso Administrativo y presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo. Su trayectoria de décadas en el litigio constitucional y corporativo le otorga un profundo dominio de la técnica institucional.
Raquel Yadxani Sánchez Carrero (45 años): Abogada y coordinadora del Foro Penal en el estado Táchira. Ha dedicado su ejercicio profesional a la defensa activa de presos políticos, manifestantes y víctimas directas de violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo la representación legal del joven Rufo Chacón. Su labor le valió el reconocimiento internacional como Defensora del Año 2023 y la protección de medidas cautelares de la CIDH. Representa la voz de las víctimas dentro del comité evaluador.
Clara Inés Casanova de Valecillos (80 años): Experimentada abogada con amplia trayectoria en la judicatura del estado Trujillo, donde se desempeñó como jueza de primera instancia e instructora penal entre 1970 y 2000. Ha presidido el Colegio de Abogados de su entidad y ejerce la secretaría en la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela. Litigante activa en el área penal y procesal, postulada por el gremio profesional.
Guillermo José Guzmán Mirabal (59 años): Abogado e historiador, docente en la Universidad Metropolitana e investigador adscrito a la Red de Historia de Venezuela. Su postulación contó con el respaldo formal de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), sumando una perspectiva reflexiva y humanista sobre la evolución de las instituciones republicanas.
Nancy Clara Castro de Varvaro (68 años): Exfiscal del Ministerio Público y exfuncionaria con experiencia en la jurisdicción disciplinaria judicial. Cuenta con especialización en ciencias penales y derecho financiero, respaldada igualmente por la comunidad académica de la UCAB.
María Luisa Chacón de Aldana (39 años): Médico psiquiatra egresada de la UCV y doctora en Psicología. Ejerce la jefatura del Servicio de Psiquiatría del Hospital Vargas de Caracas y coordina actividades de postgrado universitario. Fue postulada por la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, aportando una mirada clínica y de evaluación conductual.
Anthony Gerard Pérez Negrón (41 años): Abogado procesalista y docente en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UCV. Se desempeñó como juez de control en el Circuito Judicial Penal de Caracas y fue postulado por el movimiento estudiantil Legión Ucevista. Diversos reportes de organizaciones de veeduría judicial han advertido sobre sus vínculos con el aparato judicial oficial.
Mauro Manuel Herrera Gutiérrez (71 años): Médico cardiólogo y hemodinamista, jefe de Cardiología del Hospital Vargas. Postulado por la Sociedad Médica del Urológico San Román. Es uno de los nombres que genera mayor reserva en organizaciones como Transparencia Venezuela, tras haber integrado la versión del comité designada en mayo y posteriormente anulada, además de mantener nexos públicos con el oficialismo.
Rosmely del Valle Flores Parras (43 años): Licenciada en Administración, abogada y activista por los derechos de personas con condiciones del espectro autista mediante el Movimiento Azul. Formó parte del Comité de Postulaciones Electorales designado en 2023, lo que la sitúa como una figura recurrente en estas instancias de designación política.
Mairim Girlens Ruíz Ramos (52 años): Abogada con experiencia como jueza ejecutora de medidas en Delta Amacuro y en tribunales de Protección de Niños y Adolescentes en Caracas. Asesora en Fundana y exfuncionaria del servicio notarial del estado Vargas. Postulada por cuenta propia.
Yrma del Valle Pazos Grau (70 años): Abogada con formación docente y especialización en ciencias penales, con más de tres décadas de colegiatura profesional. Concurrió al proceso mediante iniciativa propia sin amplio perfil en bases de datos públicas.
El contrapeso de la bancada parlamentaria
Estos 12 ciudadanos compartirán mesa, deliberaciones y votos con los 11 diputados que conformaron la comisión preliminar. En este bloque, la correlación de fuerzas responde de forma directa a la estructura dominante en la Asamblea Nacional:
La bancada del PSUV cuenta con ocho curules:
Giuseppe Alessandrello (La Guaira), quien ejerce la presidencia del comité y ha dirigido los procesos anteriores.
Gloria Castillo (Guayana Esequiba).
María Gabriela Vega (La Guaira).
Liliana González (Miranda).
Fernando Bastidas (Falcón).
Carlos Mogollón (Distrito Capital).
José Óscar Villarroel (Carabobo).
Jonathan García (Táchira).
La fracción de oposición con presencia parlamentaria suma tres integrantes:
Pablo Pérez Álvarez (Un Nuevo Tiempo / Nacional), en la vicepresidencia del comité.
Luis Florido (Un Nuevo Tiempo / Lara).
Félix Freites (Fuerza Vecinal / Nacional).
La prueba moral: no admitir un maquillaje
La aritmética de este comité arroja un dato llamativo: la sociedad civil tiene 12 votos frente a los 11 del parlamento. Una mayoría simple que en teoría permitiría frenar imposiciones partidistas y elevar únicamente expedientes intachables. Sin embargo, esa ventaja numérica solo será útil si los representantes ciudadanos actúan con cohesión, criterio independiente y valentía moral.
El peligro evidente, denunciado a tiempo por organizaciones de derechos humanos, radica en que varias de las fichas ciudadanas terminen alineándose dócilmente con los ocho votos disciplinados del partido de gobierno. Si eso ocurre, la supuesta apertura civil no habrá sido más que una pantalla para legitimar a los mismos operadores de siempre vestidos con toga nueva.
Los venezolanos que han resistido años de atropello no están pidiendo milagros, sino decencia elemental. Exigen que quienes asuman las salas del TSJ no tengan las manos manchadas de arbitrariedades, no respondan a teléfonos de ministros y no utilicen el mazo de juez para complacer a tiranos. La misión histórica de los miembros honestos de este comité consiste en impedir que los expedientes de verdugos y operadores políticos superen los filtros de selección.
La libertad de los presos políticos, la seguridad de quienes piensan distinto y la posibilidad de reconstruir una economía devastada dependen de que Venezuela cuente con jueces probos. Los 23 integrantes de este comité tienen sus nombres registrados ante los ojos del país. La historia juzgará si estuvieron a la altura del sacrificio de un pueblo o si prefirieron acomodarse en la comparsa del poder.
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