El rastro del oro venezolano en las cañerías de la política española
Las revelaciones judiciales de la Guardia Civil sobre entregas de oro desde Caracas a dirigentes españoles exponen una trama donde el saqueo del erario venezolano sirvió para comprar favores políticos y blindaje internacional.


Quienes crecimos viendo cómo el chavismo desmantelaba a Venezuela desde sus cimientos sabemos que el expolio nunca tuvo fronteras. El saqueo que dejó a los hospitales sin insumos, a los barrios sin agua y a millones de familias desmembradas por el éxodo no se quedó guardado únicamente en las cuentas opacas de la cúpula militar en Caracas. Corrió por el mundo para comprar silencios, voluntades y alianzas estratégicas. Hoy, los expedientes que acumula la justicia en España le están poniendo nombres, fechas y quilates a esa misma historia.
Las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, reveladas por la prensa española, sitúan el oro venezolano en el corazón de una presunta trama de financiación irregular vinculada al Partido Socialista Obrero Español. Según las declaraciones del empresario Víctor de Aldama ante la Audiencia Nacional y el análisis de dispositivos intervenidos, Delcy Rodríguez no solo vulneró el espacio europeo aquella madrugada de enero de 2020 en el aeropuerto de Barajas; traía consigo equipajes con monedas de oro de 24 quilates grabadas con la figura de Simón Bolívar, destinadas a abrir puertas en el Gobierno de Pedro Sánchez.
El oro de Guayana como soborno político
El esquema no terminó en la pista de aterrizaje de Barajas. Los informes policiales rastrean fotografías de lingotes de un kilo enviadas directamente por Simón Zerpa, entonces ministro de Finanzas de Nicolás Maduro, así como contratos paralelos con el FONDEN para mover más de una tonelada de metal precioso bajo el rótulo falso de material médico. Todo esto aderezado con relojes de alta gama para José Luis Ábalos y comunicaciones donde los operadores hablaban sin pudor de 'monedas' y billetes para aceitar la maquinaria partidista en la sede de Ferraz.
El propósito de estas dádivas no era comercial: era geopolítico. El régimen necesitaba que Madrid rebajara la presión diplomática, congelara su respaldo al liderazgo opositor y actuara como dique de contención frente a las sanciones de la Unión Europea. La diplomacia exterior se negociaba con el patrimonio que le pertenece a cada ciudadano venezolano, arrancado a sangre y fuego del Arco Minero para pagar favores en chalets madrileños.
La hipocresía que empieza a resquebrajarse
Durante años, sectores de la izquierda española defendieron al chavismo bajo una retórica de soberanía popular y justicia social. Esos mismos discursos se desploman cuando la policía judicial descubre lingotes y comisiones clandestinas repartidas entre comisionistas y altos cargos. Lo que para la justicia española es un caso gravísimo de corrupción y posible cohecho, para los venezolanos es la confirmación amarga de una traición: mientras la gente hacía colas interminables o moría por falta de medicinas, las reservas del país servían de propina para sostener un puente aéreo de impunidad.
Los tribunales de Madrid deberán determinar las penas y la responsabilidad penal de los implicados. Pero en el plano moral y político, el veredicto ya es evidente. El chavismo actuó como lo que siempre ha sido, una corporación criminal que utiliza los recursos de una nación devastada para comprar complicidades al otro lado del océano.
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