La trampa de nunca acabar: el calvario de Jesús Suárez y la farsa de «Brazalete Blanco»

En Venezuela, la libertad que concede la tiranía nunca es completa ni pacífica; siempre viene con una soga invisible atada al cuello. Lo vivido este fin de semana por Jesús Samuel Suárez Gil —identificado en los partes judiciales también como Jesús Manuel— no es un error burocrático aislado ni un simple malentendido de alcabala. Es el retrato quirúrgico del hostigamiento cotidiano con el que el terrorismo de Estado castiga a los ciudadanos, incluso cuando sus propios tribunales viciados se ven obligados a soltarlos.

Apenas el viernes 2 de octubre, Suárez cruzaba las puertas de la sede de la Dirección de Investigaciones Penales (DIP) de la Policía Nacional Bolivariana en San Cristóbal. Dejaba atrás dos años, ocho meses y tres días de encierro preventivo, un confinamiento atípico en un centro policial que deterioró su salud física y mental mientras su madre enferma consumía sus días esperándolo. Sin embargo, el alivio duró un suspiro. En la madrugada del domingo 4, mientras se trasladaba en autobús hacia Caracas para cumplir con el régimen de presentación impuesto por el tribunal, fue bajado de la unidad en el punto de control La Cascada, en Portuguesa, por funcionarios de la Guardia Nacional.

¿El pretexto? El sistema policial todavía marcaba su orden de captura como vigente y los números del oficio no cuadraban en la pantalla de los uniformados. Hizo falta la presencia inmediata de los abogados del Foro Penal y gestiones de horas para que los militares entendieran lo elemental: el hombre que tenían encañonado en la carretera acababa de cumplir condena. Aunque recuperó su camino hacia el mediodía, el mensaje intimidatorio quedó estampado en el asfalto.

La telaraña siniestra de «Brazalete Blanco»

Para dimensionar el calvario de este comerciante y exdirigente estudiantil tachirense de 43 años, hay que mirar el lodazal en el que lo metieron. A Jesús Suárez lo apresaron en enero de 2024 cuando el régimen activó la maquinaria propagandística del caso «Brazalete Blanco». El fiscal Tarek William Saab apareció en pantallas acusándolo de traición a la patria, terrorismo y asociación para delinquir, asegurando que era una pieza clave de conspiración armada que planeaba asaltar cuarteles en Táchira y asesinar a jerarcas chavistas.

Todo ese expediente gigantesco ha estado envuelto desde el primer día en una densa neblina criminal. Es la misma causa que se originó tras la entrega del capitán Ányelo Heredia a manos de la guerrilla del ELN en la frontera; el mismo episodio donde emboscaron al teniente Ronald Ojeda, quien escapó para luego terminar secuestrado y brutalmente asesinado en Chile por sicarios amparados en el crimen transnacional que el aparato de Diosdado Cabello y el régimen han exportado sin pudor. Y es también el montaje donde se grabaron supuestas confesiones bajo sesiones brutales de tortura.

¿Cuál fue la verdad que emergió en el juicio? Frente a una pantalla desde el Táchira, Jesús Suárez desmintió el guion de magnicidios y asaltos militares. Explicó que no conocía a dirigentes nacionales, que ni siquiera comulgaba con sus plataformas y que tomó un par de fotografías de instalaciones porque le ofrecieron 50 miserables dólares, dinero urgente que necesitaba para completar la matrícula universitaria de su sobrina en la Católica del Táchira. El propio tribunal de terrorismo en Caracas terminó reconociendo el despropósito: desestimó los cargos de terrorismo y traición, rebajó la causa a encubrimiento y le impuso una pena de tres años que ya había pagado con creces tras las rejas de la DIP.

El negocio del miedo y la indefensión total

El caso de Suárez demuestra que la justicia chavista no busca esclarecer delitos, sino fabricar rehenes. Mientras a unos acusados se les absuelve por conveniencia o negociación, a los militares rebeldes como Heredia se les condena a casi dos décadas de mazmorra, y a civiles vulnerables como Jesús se les mantiene en un limbo jurídico interminable. Dejar abierta una orden de captura en los sistemas policiales para interceptar a un excarcelado en plena autopista no es incompetencia técnica: es un mecanismo deliberado de extorsión y desgaste psicológico.

Los venezolanos decentes, los que venimos de abajo y conocemos el peso aplastante de la bota estatal, no podemos acostumbrarnos a este juego perverso. Es inaudito que un ciudadano tenga que demostrar con papeles arrugados en una carretera solitaria que ya el verdugo decidió no castigarlo más. Mientras el Tribunal Supremo de Justicia y el aparato judicial sigan secuestrados por operadores políticos, en Venezuela no habrá derechos, no habrá seguridad jurídica ni para las inversiones ni para el hombre de a pie, y la libertad seguirá siendo apenas un permiso condicional sujeto al capricho de una alcabala.