El petróleo venezolano, rehén de la corrupción

A los venezolanos la investigación sobre los términos secretos del acuerdo petrolero entre Washington y Alejandro Betancourt no nos toma por sorpresa. Conocemos demasiado bien el terreno. Durante décadas hemos visto cómo el chavismo dilapidó la riqueza pública, persiguió al aparato productivo y transformó una industria próspera en un cascarón quebrado. Lo que hoy sale a la luz a través de documentos oficiales no es más que el resultado previsible de un país al que le destruyeron sus leyes y sus instituciones.

Muchos sectores en el exterior critican el hecho de que Estados Unidos asuma el control operativo o comercial de una porción sustancial de las reservas venezolanas. Quienes vivimos el colapso del país entendemos la historia de otra forma. Desde la nacionalización en los años setenta, el Estado venezolano alimentó un espejismo que reventó una y otra vez contra el bolsillo de la gente humilde. El chavismo llevó esa quiebra al extremo, usando la petrolera estatal como caja de sobornos y dejando a la población sumida en la precariedad eléctrica, la escasez de agua y la humillación cotidiana. Que la industria quede en manos foráneas no es lo que indigna al ciudadano de a pie. Lo que indigna es la elección del socio de turno.

Un pacto forzado por la falta de garantías

El reportaje de ProPublica detalla cómo el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth firmaron una asociación estratégica para que el gobierno norteamericano adquiera el 35% de North American Blue Energy Partners mediante una firma registrada en Barbados. La compañía está encabezada por Alejandro Betancourt, un personaje conocido por beneficiarse de contratos multimillonarios durante el gobierno de Hugo Chávez y objeto de investigaciones por lavado de dinero en varios continentes.

¿Por qué recurre la administración estadounidense a una estructura opaca en una jurisdicción del Caribe en lugar de negociar contratos abiertos con grandes petroleras internacionales? La respuesta es simple: las grandes corporaciones que cotizan en bolsa no pueden operar en un territorio sin ley ni transferir participaciones directas a entidades militares. Necesitan seguridad jurídica, balances auditables y tribunales confiables. Como en Venezuela no existe nada de eso gracias a tres décadas de tiranía, Washington optó por la vía rápida del pragmatismo crudo.

Para asegurar crudo pesado a 30 dólares por barril y derechos prioritarios durante cincuenta años, el Pentágono y el Departamento de Estado prefirieron entenderse con quien ya estaba sobre el terreno. Betancourt y sus allegados ofrecían dos cosas indispensables para ese cálculo: pozos que todavía extraen crudo y la absoluta discreción que permite una empresa privada fuera del escrutinio bursátil.

La utilidad calculada de los operadores del pasado

Las revelaciones confirman también que Betancourt y figuras del poder en Caracas, encabezadas por Delcy Rodríguez, colaboraron con inteligencia y gestiones previas que debilitaron a la cúpula usurpadora antes de los sucesos de enero. Para permitir que el multimillonario viajara a reunirse en las oficinas de Washington, el gobierno norteamericano tuvo que interceder frente a las medidas cautelares y los procesos judiciales que pesaban en su contra en Europa. Quien estaba bajo arresto domiciliario en Inglaterra terminó saludando a oficiales de Defensa en una sede alterna del Pentágono.

Esa maniobra no convierte a Betancourt en un héroe ni limpia su historial. En el fondo del contrato se nota con claridad que las autoridades estadounidenses conocen perfectamente la calaña de su contraparte. Aunque el empresario retiene el cargo de director ejecutivo, el documento exige una junta directiva de siete miembros dominada por ciudadanos estadounidenses, y reserva la potestad de destituirlo si cinco de ellos votan en su contra. Betancourt es hoy una pieza funcional para abrir la puerta de entrada, pero sigue siendo un peón descartable.

El recurso nacional como botín provisional

Lo doloroso para los venezolanos es constatar que nuestro principal recurso natural se negocia como un saldo de guerra, a puerta cerrada y bajo cláusulas que postergan cualquier beneficio real para la gente. El acuerdo no garantiza de forma vinculante los aportes fiscales ni las regalías prometidas para aliviar la crisis humanitaria. Cualquier disputa legal se resolverá en Texas bajo leyes estadounidenses, admitiendo de antemano que la justicia venezolana sigue secuestrada.

Esa realidad no se cambia con discursos nacionalistas vacíos ni con la retórica hipócrita de quienes saquearon la República. Se cambia entendiendo que nadie va a colocar capital formal y transparente en manos de un sistema que opera como un juego de azar amañado. Ninguna inversión sólida y duradera florecerá en Venezuela mientras el control del país dependa de mafias o de decretos provisionales.

La alianza con Estados Unidos es el camino estratégico natural para nuestra reconstrucción, pero las bases actuales son frágiles. Este acuerdo apenas representa una cabeza de playa nacida de la urgencia política. La tarea inaplazable de los venezolanos de bien es reconstruir el Tribunal Supremo de Justicia, sanear los poderes públicos y restaurar el Estado republicano. Solo cuando existan leyes firmes e instituciones morales podremos transformar estos pactos de trastienda en contratos legítimos que dejen atrás a los intermediarios de la corrupción.