La detención arbitraria de Auriscar Pérez demuestra la persistencia del amedrentamiento en Venezuela

En Venezuela, acudir a una institución pública en busca de justicia suele convertirse en una trampa. El caso reciente de Auriscar del Valle Pérez y su hermano Carlos Luis Pérez expone con crudeza el nivel de indefensión en el que sobrevive el ciudadano común frente a los cuerpos de seguridad del Estado.

El pasado viernes 9 de octubre, ambos hermanos se presentaron en la sede del Ministerio Público en Quíbor, municipio Jiménez del estado Lara. El motivo era estrictamente personal y doloroso: querían conocer el avance de las investigaciones sobre el fallecimiento de su padre, quien había perdido la vida el domingo 4 de octubre en un siniestro vial. Lejos de recibir atención o amparo institucional, ambos salieron de allí privados de libertad y fueron trasladados al Centro de Coordinación Policial de Quíbor.

La denuncia fue formulada públicamente por la organización Movimiento Vinotinto. De acuerdo con el abogado Alexis Ramos, coordinador jurídico de la ONG, se trata de una detención arbitraria sin causas penales justificadas ni garantías procesales evidentes. No se conocen imputaciones formales que sustenten semejante medida contra dos deudos que simplemente exigían respuestas.

El blanco contra quienes defienden derechos

Auriscar Pérez no es una desconocida en su comunidad. En el municipio Morán, cuya capital es El Tocuyo, ha ejercido funciones en el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes. Dedicar tiempo y esfuerzo a resguardar a los menores en medio del deterioro social del país no debería ser motivo de sospecha ni de persecución, pero en la práctica venezolana cualquier persona con vocación comunitaria termina en la mira del poder.

Este proceder responde a una lógica represiva bien conocida: castigar el reclamo, intimidar a quien levanta la voz y recordar al ciudadano que cualquier trámite básico puede costarle la libertad. Cuando un aparato judicial y policial actúa de espaldas a la ley, presentarse ante un despacho fiscal implica arriesgar la propia integridad.

Exigencia de libertad inmediata

Familiares y defensores de derechos humanos exigen que cesen las medidas contra Auriscar y Carlos Luis Pérez. Su detención representa un atropello doble: no solo les arrebatan el derecho a despedir a su padre y conocer la verdad sobre su muerte, sino que los someten al encierro injustificado en un centro policial.

Hacer visible este hecho es urgente. Mientras casos como este permanezcan en el silencio de los municipios del interior, el patrón de hostigamiento continuará operando sin costo para los responsables. La libertad de los hermanos Pérez debe ser inmediata y plena, y las instituciones deben rendir cuentas sobre por qué dos ciudadanos terminan tras las rejas por el simple hecho de pedir explicaciones.