La exigencia de libertad para siete trabajadores tras la movilización opositora

Cuando un proyecto político pierde el respaldo de la gente en las calles, cualquier corneta le parece una amenaza de Estado. La jornada cívica del 22 de octubre de 2026, convocada en más de veinte estados por María Corina Machado y la Plataforma Unitaria, concluyó con un hecho que retrata con precisión el momento que vive el país: la denuncia sobre la retención de siete trabajadores a cargo de los camiones de sonido y la confiscación de tres de esos vehículos en Caracas.De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela y el Comando ConVzla, comisiones de la Policía Nacional Bolivariana interceptaron a los conductores y técnicos que prestaron servicios de audio para la concentración en las adyacencias de Plaza Venezuela y la Ciudad Universitaria. En las listas difundidas por la organización política figuran Rony Suárez, Yanail Castro, Daniel Colmenares, Andruws Pineda, Ramón Brizuela y Ronaike Suárez, junto a una séptima persona cuya identidad no ha sido precisada públicamente. Uno de los vehículos fue retenido cuando su chofer llegaba a Antímano, en el oeste caraqueño.El blanco fácil de la arbitrariedadQuienes operan consolas, cargan cornetas y conducen camiones de tarima no son estrategas militares ni conspiradores internacionales. Son ciudadanos que trabajan por un jornal en un país empobrecido por tres décadas de descalabro institucional. Ir contra ellos no demuestra control territorial ni fortaleza institucional; evidencia miedo directo a que la gente se exprese y escuche a sus dirigentes.El aparato de seguridad bajo la administración de Delcy Rodríguez optó por el camino de la represalia silenciosa. Durante la mañana, frente a la mirada de observadores y medios internacionales, el despliegue policial en Caracas se mantuvo con un perfil relativamente bajo. La manifestación transcurrió sin desórdenes, desmontando la vieja matriz oficial que califica de violenta cualquier convocatoria opositora. Sin embargo, al caer la tarde y dispersarse la multitud, la respuesta estatal cayó sobre el eslabón más vulnerable: los trabajadores de la logística.La narrativa oficial que se cae a pedazosDurante años se intentó vender la idea de que la sociedad venezolana estaba resignada, apática o conforme con el deterioro de sus condiciones de vida. La movilización del 22 de octubre, registrada en ciudades como Carúpano, San Cristóbal, Ejido, Coro y Maracay, demostró lo contrario. La gente acudió a exigir un cronograma electoral claro con presidenciales hacia 2027, la liberación inmediata de los presos políticos y el retorno con plenas garantías de María Corina Machado.Frente a ese caudal humano, el intento del partido de gobierno por montar una contramarcha en la misma zona de Caracas apenas logró agrupar a unas decenas de operadores y empleados obligados. El contraste visual fue inocultable. Cuando la cúpula constata que ni la presión laboral ni los recursos del erario público logran llenar una avenida, recurre a lo que mejor conoce: el amedrentamiento puntual y la extorsión judicial.Incautar un camión de sonido y privar de libertad a sus operadores no detiene el descontento popular. Al contrario, lo subraya. Es la táctica de quien teme al micrófono porque sabe que ya no tiene argumentos que ofrecerle al ciudadano común, ese que vive sometido a racionamientos eléctricos, falta de agua y hospitales desabastecidos.El reclamo por garantías realesEstas detenciones ocurren en medio de reuniones políticas donde voceros oficiales hablan de garantías y acuerdos de convivencia. Ningún proceso de diálogo o transición resulta creíble mientras las fuerzas de seguridad continúen actuando como un brazo persecutor contra trabajadores que solo alquilan sus equipos para un evento público. La reinstitucionalización del país exige el cese de los tribunales complacientes y de los cuerpos policiales convertidos en alcabalas de castigo político.Los venezolanos que llenaron las calles este 22 de octubre demostraron madurez cívica. No cayeron en provocaciones ni abandonaron su derecho a la protesta pacífica. La exigencia urgente y firme es la liberación inmediata de estos siete venezolanos y la devolución íntegra de sus herramientas de trabajo. Cada minuto que permanecen retenidos confirma que el temor ya no pertenece a la gente, sino a quienes todavía intentan callarla.