El despojo como método judicial, el asedio a Gustavo José Arenas

Cuando un aparato de poder utiliza los tribunales y las patrullas policiales para doblegar a una persona enferma hasta arrancarle la firma de sus propiedades, el derecho deja de existir. Lo que queda en su lugar es un esquema de extorsión a cielo abierto, donde la libertad y la supervivencia física se canjean por bienes.

Ese es el cuadro que denunció la familia de Gustavo José Arenas este martes 14 de octubre. A sus 70 años, bajo una medida cautelar de arresto domiciliario por un estado de salud profundamente deteriorado, Arenas presenciaba una audiencia judicial telemática correspondiente a la causa que lleva el Tribunal Segundo de Control y la Fiscalía 67. Afuera de su vivienda, funcionarios de seguridad del Estado montaron un cerco intimidatorio que incluyó un intento frustrado de traslado forzoso y momentos de incomunicación total que hicieron temer a sus allegados una sustracción arbitraria.

La coacción sobre un cuerpo enfermo

El hostigamiento no ocurrió en cualquier fecha. Se produjo el mismo día en que la familia recibió el resultado anatomopatológico de una biopsia: Arenas padece un carcinoma de próstata. Este diagnóstico oncológico no es un hecho aislado, sino la culminación de un declive físico severo que arrastra afecciones cardíacas graves, hipertensión, una hernia inguinal que requiere cirugía urgente y secuelas de desnutrición sufridas durante su reclusión previa en la cárcel de Rodeo I.

Organizaciones de derechos humanos como Justicia, Encuentro y Perdón, junto con los testimonios públicos de su hija, han señalado con claridad el trasfondo de este despliegue. El cerco policial en pleno juicio telemático no respondía a ninguna necesidad procesal ni de custodia. El propósito denunciado fue empujarlo contra la pared mediante el miedo para obligarlo a firmar y traspasar las propiedades y bienes que aún conserva a su nombre.

No es la primera vez que en Venezuela se denuncian este tipo de maniobras. Durante años, diversas organizaciones no gubernamentales han documentado patrones donde las causas penales sirven de coartada para la expropiación informal, el chantaje directo y el despojo patrimonial ejecutado por grupos de poder amparados en sellos oficiales.

El expediente FONDEN y la opacidad estructural

Formalmente, la acusación contra Arenas se vincula a presuntas irregularidades dentro de la trama del Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN). Ese fondo, establecido a mediados de la década de 2000, manejó decenas de miles de millones de dólares provenientes de la renta petrolera fuera de los controles presupuestarios ordinarios. Fue, desde su origen, un pozo negro sin rendición de cuentas que propició tramas de corrupción monumentales denunciadas durante décadas.

Sin embargo, en el sistema judicial venezolano, las investigaciones sobre corrupción han funcionado históricamente con un doble rasero. Rara vez se traducen en auditorías transparentes o procesos imparciales donde se determine con rigor la responsabilidad individual de cada acusado, sea funcionario o particular. Con frecuencia, estos expedientes se reactivan, se congelan o se utilizan discrecionalmente para neutralizar adversarios, saldar pugnas internas o despojar a los implicados de sus activos patrimoniales.

Exigir que se investigue el destino de los fondos públicos es una obligación elemental del Estado. Pero instrumentalizar un proceso penal contra un hombre de 70 años con cáncer, cercándolo en su casa para forzar un traspaso de bienes, no tiene relación alguna con la justicia. Es la degradación del procedimiento legal en una herramienta de pillaje.

Sin instituciones no hay garantías para nadie

Este episodio deja a la vista una realidad que el ciudadano común conoce bien: mientras no existan tribunales autónomos ni fiscales que respondan a la ley y no a intereses faccionales, nadie en el país tiene seguridad jurídica. Ni quien posee una propiedad legítima, ni quien enfrenta un juicio, ni el ciudadano que camina a diario por la calle.

El caso de Gustavo José Arenas no puede ser tratado como una anécdota procesal más. Representa la indefensión absoluta a la que queda sometido cualquier venezolano cuando el poder decide que sus derechos, su salud y su vida son prescindibles con tal de arrebatarle lo que posee. Si las instituciones no se someten a una depuración y reconstrucción profunda e inmediata, este patrón de abusos seguirá repitiéndose bajo cualquier membrete de ocasión.