Elon Musk ya no es el enemigo, ahora tiene permiso para vender internet

Durante años se nos quiso acostumbrar a la penumbra. Quienes crecimos viendo cómo las instituciones públicas se transformaban en maquinarias de control sabemos bien que la incomunicación nunca fue un accidente técnico en Venezuela: fue una política deliberada. El monopolio sobre las telecomunicaciones, el deterioro intencional de la infraestructura básica y el bloqueo arbitrario de portales y redes sirvieron para mantener a la ciudadanía aislada del mundo, sometida al atraso y dependiente del filtro oficial.

Por eso resulta tan ilustrativo lo ocurrido en la sede de CONATEL, donde el directorio aprobó la habilitación general y siete concesiones a la empresa SPACEX VZ para comercializar formalmente el servicio de Starlink en todo el territorio nacional. El mismo aparato regulador que actuó como gendarme de la censura ahora estampa firmas y sellos para autorizar a la compañía de Elon Musk.

La memoria corta del discurso oficial

El contraste con los meses posteriores a las elecciones de julio de 2024 es demoledor. En aquel momento, cuando los venezolanos cuidaron cada acta y demostraron la verdad de las urnas pese a los bloqueos digitales, la cúpula gobernante eligió a Musk como su blanco predilecto de propaganda. Se habló de rayos espaciales, de agresiones cibernéticas desde puntos remotos del planeta, de conspiraciones millonarias e incluso de pactos oscuros. Se bloqueó la red X durante días y Nicolás Maduro llegó a retar al empresario a pelear cuerpo a cuerpo en el Poliedro de Caracas.

Detrás de aquel espectáculo televisivo había consecuencias reales para la gente común. En 2025, mientras miles de familias en el interior del país sobrevivían con conexiones terrestres inservibles o nulas, los cuerpos de seguridad perseguían el ingreso de antenas satelitales como si se tratara de armamento pesado. Hubo personas procesadas en estados fronterizos como Táchira simplemente por trasladar equipos que la gente compraba para tener internet decente. Tener una antena encendida en una zona remota o en un barrio implicaba mirar con recelo a la calle, consciente de que el acceso a información sin intermediarios era visto por las autoridades como una amenaza directa.

Un resquicio que la censura ya no pudo cerrar

Ahora, bajo la administración de Delcy Rodríguez, el discurso oficial pretende vestir esta apertura con palabras técnicas y discursos de supuesta inclusión digital. La realidad de fondo es otra: el esquema de aislamiento se volvió insostenible. La emergencia tras el terremoto de La Guaira obligó en su momento a recurrir de urgencia a kits satelitales y pruebas de mensajería directa porque el sistema estatal terrestre estaba en el suelo. La necesidad técnica desnudó la falsedad de la soberanía tecnológica que pregonaban.

Aproximadamente un 3,6% de los usuarios venezolanos ya se conectaban a Starlink mediante mecanismos de roaming o cuentas registradas en el exterior, pagando sobreprecios en el mercado informal para burlar el cerco. Legalizar la operación comercial no es una concesión graciosa del poder hacia los ciudadanos; es el reconocimiento tácito de que no pudieron detener el flujo de la tecnología ni someter a una sociedad que aprendió a buscar sus propios caminos hacia la información.

Que Starlink pueda operar y venderse formalmente en Venezuela es una buena noticia para la gente de a pie. Cualquier herramienta que le quite al poder la capacidad de bajar una palanca para dejarnos sin voz ni señal en los momentos críticos es un avance para la libertad individual. Lo que no podemos permitir los venezolanos con memoria es que los mismos burócratas que persiguieron antenas y aplaudieron el oscurantismo pretendan presentarse hoy como pioneros de la modernidad.