Cien mil dólares en televisión abierta no lavan el saqueo eléctrico de Alejandro Betancourt
La aparición de NABEP como donante en el Teletón de 2026 no es filantropía, sino una maniobra de propaganda. Una cosa es tolerar que Washington aproveche a operadores acorralados por conveniencia petrolera y otra muy distinta pretender que los venezolanos olvidemos a los responsables de los apagones y el desfalco a PDVSA.
Hay espectáculos que retratan la degradación moral de un país con mayor elocuencia que cualquier tratado sociológico. Durante la transmisión del Teletón de octubre de 2026, organizado para recaudar fondos tras el devastador sismo de junio, las cámaras de televisión celebraron con entusiasmo un aporte de 100.000 dólares proveniente de North American Blue Energy Partners, la firma conocida bajo las siglas NABEP. Quienes conocen la trama del poder y las finanzas que drenaron a Venezuela no vieron allí una obra de caridad. Vieron un intento descarado de compra de indulgencias protagonizado por Leopoldo Alejandro Betancourt López.
La memoria corta que exige la propaganda
La estrategia no es nueva, pero su desfachatez resulta intolerable. Durante años, los artífices del expolio venezolano mantuvieron un perfil resguardado tras holdings en Luxemburgo, cuentas en Suiza y despachos en paraísos fiscales. Ahora, al calor de reacomodos energéticos y nuevas licencias comerciales, reaparecen ante las cámaras presentándose como benefactores comprometidos con el sufrimiento popular. De pronto, figuras de la farándula y comentaristas de ocasión aplauden la generosidad de corporaciones cuyos verdaderos dueños amasaron fortunas a costa del desmantelamiento de los servicios más elementales de la nación.
El problema no radica únicamente en el cheque exhibido en pantalla. El agravio de fondo consiste en exigirle a la ciudadanía una amnesia colectiva. Pretenden que olvidemos de dónde salieron los recursos que hoy se reparten con cuentagotas y sonrisas ensayadas frente a las cámaras de televisión.
El origen del botín y la factura de la oscuridad
Para entender la gravedad del asunto hay que regresar a finales de 2009. En aquel momento, la administración de Hugo Chávez decretó la emergencia eléctrica ante la incapacidad manifiesta de mantener el sistema nacional. Fue la excusa perfecta para saltarse cualquier control licitatorio. En ese escenario emergió Derwick Associates, una empresa recién constituida por jóvenes sin trayectoria técnica ni experiencia industrial previa, encabezada por Alejandro Betancourt y su primo Pedro Trebbau López.
Entre 2009 y 2011, Derwick recibió al menos once contratos multimillonarios otorgados a dedo por entidades estatales como Corpoelec, PDVSA y la Corporación Venezolana de Guayana. Informes de Transparencia Venezuela y peritajes independientes cifraron las adjudicaciones entre 2.400 y 2.900 millones de dólares. Las investigaciones revelaron que más de la mitad de esos montos correspondió a sobreprecios que alcanzaron entre el 300% y el 400%.
El mecanismo del fraude quedó documentado con precisión en reportajes de investigación periodística. A través de la firma estadounidense ProEnergy Services, radicada en Misuri, Derwick adquirió turbinas usadas o descartadas en el mercado norteamericano. Las sometían a un reacondicionamiento superficial y las facturaban al Estado venezolano como si fuesen equipos de estreno. Casos emblemáticos como la planta de Picure, en el estado Vargas, costaron sumas colosales y jamás lograron operar a plena capacidad. El resultado de esa estafa no fue un saldo contable: fueron hospitales a oscuras, enfermos desasistidos, alimentos descompuestos, pérdidas industriales irreparables y millones de venezolanos empujados a abandonar sus hogares por la falta de condiciones mínimas de subsistencia.
Del kilovatio al barril de crudo
El enriquecimiento generado por la emergencia eléctrica sirvió como plataforma para incursiones financieras todavía mayores. En julio de 2018, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida desarticuló la trama conocida como Operación Money Flight, un esquema de lavado de dinero que desvió 1.200 millones de dólares de PDVSA aprovechando las distorsiones del control cambiario oficial.
En los documentos judiciales del caso se describió el papel determinante de un individuo identificado bajo la clave de Conspirador 2, receptor de decenas de millones de dólares en fondos ilícitos. Reportes del Miami Herald e investigaciones de Armando.info confirmaron que ese alias correspondía a Alejandro Betancourt. Para esquivar la imputación formal en territorio estadounidense, Betancourt recurrió a cabilderos de primer nivel y contrató a figuras influyentes en Washington, a quienes agasajó en su lujosa finca El Alamín, una propiedad de cacería en Toledo valorada en decenas de millones de euros que incluye un castillo medieval.
Los paraísos fiscales sirvieron para blindar ese emporio. Filtraciones como los FinCEN Files y los Pandora Papers expusieron el flujo de dinero a través de instituciones bancarias como la Compagnie Bancaire Helvétique, así como la creación de estructuras societarias para adquirir participaciones en marcas comerciales de gafas de sol, licencias de transporte en Europa y empresas petroleras como Petrozamora en sociedad con la rusa Gazprombank. NABEP es la más reciente mutación de ese mismo entramado offshore, constituida en Barbados para intermediar en el negocio del crudo venezolano.
La tinta de contraste y la complicidad pública
Cuando un médico sospecha de un tumor profundo, inyecta tinta de contraste en las venas del paciente para observar en la tomografía la trayectoria exacta de los vasos lesionados. La aparición de los 100.000 dólares de NABEP en el Teletón y el posterior desfile de apologistas operaron con la misma precisión clínica: iluminaron con exactitud quirúrgica hasta dónde llegan los tentáculos de la cooptación y el silencio comprado.
Ver a personajes de la farándula agradecer conmovidos el aporte de una corporación manchada por el desfalco eléctrico genera indignación cívica. Resulta vergonzoso escuchar a voceros improvisados defender a Betancourt bajo la etiqueta de empresario generador de empleo. Quien multiplicó su patrimonio cobrando sobreprecios astronómicos por turbinas defectuosas no es un inversionista; es el beneficiario directo de un esquema que dejó al país en ruinas. Utilizar una causa benéfica como escudo propagandístico es una burla a las verdaderas víctimas de las tragedias venezolanas.
El pragmatismo de Washington frente a la dignidad nacional
Conviene trazar una distinción rigurosa para no extraviar el debate. Quienes defendemos una Venezuela libre, moral y plenamente republicana respaldamos la inversión privada internacional, la reactivación de nuestra industria y la alianza estratégica con los Estados Unidos. El crudo que permanece bajo tierra no genera bienestar si no existen capitales, tecnología y mercados dispuestos a procesarlo. La apertura petrolera a empresas extranjeras es una necesidad imperiosa para reconstruir el aparato productivo destruido por décadas de saqueo estatista.
Desde esa perspectiva, es comprensible que las autoridades estadounidenses actúen con estricto pragmatismo geopolítico. Si el gobierno de Estados Unidos decide otorgar autorizaciones o emplear a firmas como NABEP para comercializar crudo, lo hace entendiendo la posición de extrema debilidad de Betancourt: un operador vulnerable, con investigaciones judiciales latentes y expedientes abiertos en varias jurisdicciones, incapaz de oponer resistencia a las condiciones que se le impongan. Para Washington es un instrumento transitorio y prescindible.
Pero lo que resulta aceptable en el cálculo diplomático y energético de una potencia extranjera es inaceptable para la sociedad venezolana. Nosotros no somos funcionarios foráneos buscando cargamentos de petróleo; somos los ciudadanos que padecimos la humillación de los racionamientos eléctricos, el descalabro hospitalario y el éxodo de nuestras familias. No tenemos por qué aplaudir el reciclaje moral de quienes financiaron sus mansiones europeas con el presupuesto de la luz pública.
Sin memoria no habrá instituciones libres
La reconstrucción de Venezuela no se logrará únicamente cambiando nombres en los despachos ministeriales o firmando acuerdos de producción en la Faja del Orinoco. El rescate del país exige una transformación ética que devuelva el imperio de la ley y termine con la impunidad de las élites que se enriquecieron a la sombra del régimen.
Las instituciones venezolanas, desde el Tribunal Supremo de Justicia hasta los entes de fiscalización, deben ser reinstitucionalizadas para garantizar seguridad jurídica y transparencia real. Ningún inversionista serio colocará su dinero en un país donde las reglas del juego sigan en manos de mafias o de intermediarios acostumbrados a la coima y al contrato amañado. Y, sobre todo, ninguna sociedad sana puede permitir que cien mil dólares entregados frente a las cámaras pretendan comprar el olvido de miles de millones saqueados. La caridad televisada no es justicia, y la dignidad de Venezuela no se remata en un set de televisión.
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