La incautación de 90 cargamentos en Estados Unidos expone la asfixia energética del régimen cubano

Durante más de dos décadas, el régimen de La Habana disfrutó de un suministro petrolero garantizado que no le costaba un solo centavo de esfuerzo productivo. El chavismo desmanteló la industria venezolana, hipotecó a varias generaciones y vació las arcas públicas mientras enviaba millones de barriles para sostener un modelo ajeno e ineficiente. Ese flujo se cortó, y la realidad ha terminado por golpear las puertas de la cúpula cubana con toda su fuerza.

Las autoridades federales de Estados Unidos confirmaron la incautación de 90 cargamentos de biodiésel que estaban listos para salir desde Port Everglades y el puerto de Houston. No se trató de una batalla naval novelesca, sino de una operación de inteligencia aduanera y comercial que detectó más de 615.000 galones de combustible almacenados en contenedores cisterna ISO, con un valor superior a los 2,8 millones de dólares. El destinatario final en los documentos era ENETEC S.A., una entidad estatal creada en La Habana a finales de 2019 e incluida en la lista de entidades sancionadas por Washington por operar bajo el control del aparato gubernamental.

El fin del barril regalado

La isla apenas extrae unos 40.000 barriles diarios de un crudo pesado y difícil de procesar, cuando sus necesidades mínimas rondan entre 90.000 y 110.000 barriles por jornada. Depender de importaciones para cubrir el 60 % de su consumo energético no es una novedad, pero sí lo es tener que pagar por cada gota en el mercado internacional o inventar esquemas triangulados cuando ya no existe un aliado dispuesto a regalar el patrimonio de su propio pueblo.

Para los venezolanos que vimos cómo se destruyó el aparato productivo nacional bajo la excusa de una supuesta hermandad revolucionaria, este escenario no causa sorpresa. La economía cubana fue un parásito directo de los recursos petroleros de Venezuela. Roto ese canal logístico y financiero, el régimen castrista ha quedado reducido a rasguñar combustible donde sea, recurriendo a intermediarios opacos, barcos que apagan sus sistemas de rastreo satelital como el interceptado M/V Grace, o compras que buscan burlar las normativas aduaneras en puertos estadounidenses.

Un cerco enfocado en el aparato estatal

La política aplicada desde Washington marca un contraste evidente. Mientras la administración de Donald Trump mantiene abiertas vías controladas para que pequeños comerciantes privados y actividades humanitarias en la isla adquieran combustible, el cerco sobre corporaciones estatales como CUPET y ENETEC es absoluto. El objetivo apunta a retirar el monopolio energético de manos del Estado represor.

Las quejas de la cancillería cubana, alegando persecución y hostigamiento comercial, ignoran deliberadamente que estos cargamentos estaban saliendo de territorio estadounidense en franca violación de las leyes locales de exportación. Nadie está obligado a abastecer a su adversario ideológico, mucho menos a una tiranía acostumbrada a vivir del subsidio ajeno. Quienes durante décadas celebraron el saqueo de PDVSA hoy descubren lo que significa enfrentarse a la escasez real sin un cheque en blanco firmado en Caracas.