La caída de alias "Lobo" y el retorno de la autoridad contra el terrorismo en Colombia

Cuando existe voluntad política y las instituciones actúan sin complejos frente al crimen, los resultados tardan poco en llegar. La captura el pasado 5 de octubre de Wilmar Elías Zuleta Pulgarín, conocido con los alias de “Lobo” o “Emanuel”, demuestra que Colombia ha empezado a recuperar el terreno que perdió durante los cuatro años de abandono y permisividad del gobierno de Gustavo Petro.

A sus 30 años, Zuleta Pulgarín figuraba en el cartel de los más buscados de Antioquia y contaba con una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información sobre su paradero. Las autoridades lo ubican como cabecilla de comisión y segundo —o tercero, según reportes de la gobernación— al mando del Frente 36 de las disidencias de las FARC alineadas con alias “Calarcá”. Tras escapar en febrero de un operativo en San Andrés de Cuerquia, el cabecilla cometió el error de bajar la guardia. Según reportaron medios como Caracol Radio y El Colombiano, llegó el jueves a una vivienda rural en la vereda La Paulina, en Valdivia, para celebrar el cumpleaños de su pareja. El domingo festejaron con licor y el lunes en la madrugada un operativo conjunto del Ejército, la Fuerza Aeroespacial, la Policía y el CTI de la Fiscalía los sorprendió mientras dormían.

Junto a él fue detenida su pareja, Alexandra García Legarda, alias “Samanta” o “La Flaca”, señalada de coordinar extorsiones y de aportar conocimientos de combate, inteligencia y enfermería a la estructura. Ambos fueron trasladados a Medellín para su judicialización, junto con teléfonos celulares incautados que ya están bajo análisis.

El prontuario de una estructura criminal

El historial que las autoridades le atribuyen a alias “Lobo” retrata con exactitud lo que viven los ciudadanos de a pie cuando el Estado renuncia a ejercer su autoridad. Las investigaciones oficiales lo vinculan con el cobro de “vacunas”, secuestros, reclutamiento forzado de menores, ataques contra la Fuerza Pública y el desplazamiento de unas 2.300 personas de 23 veredas en el municipio de Briceño en octubre de 2025. También se le investiga por el homicidio de Ángela Muñoz Betancur, ocurrido en noviembre de 2024 en el casco urbano de San Andrés de Cuerquia.

Con una trayectoria de entre cuatro y seis años en esa red armada, Zuleta Pulgarín escaló desde la base como explosivista hasta manejar las finanzas y las rentas criminales del grupo. Fue hombre de confianza de alias “Primo Gay” y de alias “Chalá”, aunque decidió permanecer en el Frente 36 cuando el primero pactó una alianza con el Clan del Golfo en agosto de 2026. Ahora deberá responder ante los tribunales por órdenes de captura que incluyen concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, porte de armas y explosivos, y uso ilegal de uniformes de la Fuerza Pública. Por la gravedad de estos crímenes, su destino debe ser pudrirse en una cárcel sin posibilidad de volver a aterrorizar a la población civil.

Un giro de timón frente a la violencia

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó personalmente la detención y destacó los cargos que pesan contra este individuo, mientras el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró que se pagará la recompensa ofrecida para terminar de cerrar el cerco sobre el Frente 36.

La respuesta del nuevo Ejecutivo colombiano marca una diferencia radical frente al desastre heredado. Durante el mandato del impresentable Gustavo Petro, la violencia guerrillera y paramilitar se exacerbó ante la pasividad oficial, dejando regiones enteras a merced de los delincuentes. En cambio, la administración de De la Espriella no ha detenido ni un segundo la ofensiva contra el terrorismo, manteniendo el pulso firme a pesar de los graves imprevistos que ha debido afrontar en el camino, incluido un terremoto.

Para quienes hemos sufrido de cerca la destrucción institucional y el auge de las bandas criminales amparadas por el poder, ver a un gobierno actuar con determinación resulta alentador. Esta lucha frontal permite anticipar que, más temprano que tarde, se logrará cerrar la pinza tanto del lado colombiano como del venezolano. Cuando las fuerzas del orden operan sin ataduras políticas, el destino de los grupos irregulares y paramilitares que hacen vida en nuestra permeable frontera común es uno solo: terminar capturados por la justicia o definitivamente borrados del mapa.