Drones del ELN sobre Bauxilum, el repliegue de la soberanía en Bolívar

La noche del 16 de octubre, drones no identificados sobrevolaron la planta de agua potable y el portón principal de vigilancia de CVG Bauxilum en Los Pijiguaos. El reporte, documentado por el periodista ambiental Fritz Sánchez, no describió un incidente aislado ni una novedad técnica. Describió la rutina de vigilancia con la que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) fiscaliza una empresa básica del Estado venezolano en el municipio Cedeño del estado Bolívar.

Vigilancia armada sobre la bauxita

El uso de aeronaves no tripuladas en Pijiguaos ocurre apenas un mes después de que la industria estatal viviera su jornada más crítica del año. A mediados de septiembre, la administración de la mina ordenó evacuar de emergencia al personal técnico y operativo ante el riesgo inminente de enfrentamientos armados, mientras aviones militares sobrevolaban el área minera. El Ejército venezolano tomó posiciones en las instalaciones para contener el pánico, pero la calma duró poco.

Los reportes de Sánchez reflejan el testimonio directo de los trabajadores de Bauxilum. En las áreas de extracción y en el muelle de El Jobal, el personal labora con el temor constante a una emboscada. Las cuadrillas del turno nocturno han visto suspendidas sus faenas porque nadie garantiza la vida de los operarios en los caminos de acceso. Quienes conocen la zona saben que las columnas guerrilleras simplemente se repliegan hacia la espesura de la selva cuando observan patrullas militares, a la espera de que los uniformados regresen a sus cuarteles para retomar el control de los caminos.

Imataca bajo el fuego cruzado

El dominio del ELN no se limita a las inmediaciones de los yacimientos de bauxita en Cedeño. Hacia el sureste de Bolívar, en la Reserva Forestal de Imataca, la situación adquiere rasgos de control territorial absoluto en los municipios Roscio y Sifontes. Allí, en un área bajo régimen de protección ambiental, conviven la extracción aurífera descontrolada y la extorsión sistemática.

Sánchez recoge un refrán popular que resume la tragedia de las poblaciones criollas e indígenas de la reserva: si no los agarra el chingo, los agarra el sin nariz. La población civil sobrevive en medio de la disputa a muerte entre el ELN y las organizaciones criminales locales conocidas como sindicatos. Ambas estructuras imponen toques de queda, ejecutan reclutamientos forzados de jóvenes y castigan con la muerte cualquier sospecha de colaboración con el bando rival. El miedo es tan generalizado que la inmensa mayoría de las víctimas prefiere callar antes que acudir a autoridades que han demostrado una pasividad cómplice.

El costo humano en las comunidades indígenas

La pérdida de soberanía en el sur del país tiene víctimas con nombre y apellido. A principios de agosto, el secuestro y posterior asesinato del capitán indígena Julio Rodríguez, perteneciente a la comunidad Jivi Ekunay en Los Pijiguaos, expuso la ferocidad con la que operan las disidencias guerrilleras en territorios ancestrales Mapoyo. La comisión de búsqueda comunitaria que intentó rescatarlo fue emboscada con explosivos y monitoreada mediante drones, dejando heridos entre los comuneros.

Organizaciones defensoras de derechos humanos como Provea han contabilizado decenas de líderes indígenas asesinados en la última década dentro del Arco Minero del Orinoco. El territorio ancestral no solo enfrenta la devastación ecológica de ríos y bosques por el mercurio, sino la suplantación de la ley republicana por la bota de organizaciones armadas extranjeras que imponen su propia justicia.

La entrega de la soberanía nacional

Durante décadas, el discurso oficialista ha llenado cadenas nacionales apelando al patriotismo, al antiimperialismo y a la memoria de Simón Bolívar. Sin embargo, la realidad sobre el terreno desmiente cada proclama. Un gobierno que se declara soberano no permite que una guerrilla foránea establezca campamentos estables alrededor de sus principales industrias mineras, ni tolera que grupos criminales ejerzan funciones de aduana, policía y verdugo sobre ciudadanos venezolanos.

Lo que ocurre en Bolívar demuestra que el aparato estatal desmanteló las instituciones para proteger su propia permanencia, terminando por entregar pedazos enteros del mapa a organizaciones que operan con códigos mafiosos. Los despliegues aéreos de septiembre sirvieron para grabar videos de propaganda, pero no desmantelaron las redes logísticas ni los campamentos del ELN en la selva. La soberanía de una nación no se defiende con discursos en Caracas mientras los trabajadores de Bauxilum miran al cielo con miedo a los drones de la guerrilla.