La captura de Luisa González en Ecuador, la larga sombra del dinero venezolano
El arresto de Luisa González en Ecuador bajo cargos de lavado de activos vuelve a poner el foco en los desvíos millonarios desde Caracas hacia proyectos políticos afines, un saqueo sistemático mientras los venezolanos padecían el colapso nacional.
La madrugada del 22 de octubre de 2026, la Policía Nacional de Ecuador y la Fiscalía General ejecutaron en Canuto, provincia de Manabí, la captura de Luisa González. Quien fuera la carta principal de Rafael Correa para volver a controlar el palacio de Carondelet en 2023 enfrenta ahora cargos por presunto lavado de activos dentro del llamado caso Laberinto. La acusación formal indaga irregularidades contables y gastos millonarios de campaña no declarados, pero el fondo del asunto va mucho más allá de un descuadre en los libros electorales ecuatorianos. Conecta directamente con las tuberías de financiamiento opaco que durante más de dos décadas salieron de Caracas.
La ruta de las divisas no bancarizadas
El caso Laberinto no nació de la nada. Se suma al expediente matriz denominado Caja Chica, abierto a principios de 2026 tras sucesivos allanamientos a la sede del movimiento Revolución Ciudadana y al propio domicilio de González. La hipótesis que sostiene el Ministerio Público ecuatoriano apunta a una operativa precisa: remesas de dólares en efectivo ingresadas físicamente a Ecuador desde Venezuela, eludiendo controles aduaneros e intermediarios bancarios, para luego ser fragmentadas mediante aportantes ficticios o aplicadas directamente a logística territorial y publicidad no reportada.
Este esquema tiene nombres propios en el expediente judicial. Uno de los testimonios centrales incorporados a la causa proviene de Santiago Díaz Asque, exjefe de campaña correísta y exlegislador, quien declaró formalmente ante las autoridades haber trasladado dinero en efectivo desde Caracas por instrucción directa de Rafael Correa. Aunque la dirigencia del correísmo ha descalificado su versión tildándola de maniobra de persecución política, el testimonio encaja con las alertas previas del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral sobre montos de campaña cuyo origen lícito nunca pudo ser demostrado.
Una práctica recurrente a costa de la ruina venezolana
Para cualquiera que haya vivido en Venezuela durante los últimos treinta años, estas revelaciones judiciales en Quito o Guayaquil no causan sorpresa. Forman parte de un patrón largamente documentado. Desde los maletines incautados en Buenos Aires hasta los convenios opacos en Bolivia o el financiamiento de fundaciones políticas en España, el aparato chavista utilizó el erario público venezolano como una caja chica continental.
Mientras en las ciudades y barrios de Venezuela la población enfrentaba apagones prolongados, hospitales desprovistos de insumos básicos, agua racionada durante semanas y un colapso generalizado del transporte, millones de dólares cruzaban fronteras para subsidiar proyectos partidistas amigos. Se trataba de construir una red de protección diplomática y complicidad ideológica que validara al régimen en foros internacionales. Cada fajo de billetes destinado a tarimas y propaganda electoral extranjera representaba recursos arrancados directamente al bienestar de los ciudadanos venezolanos.
Las figuras de siempre en la administración de los recursos
Las pesquisas en Ecuador también tocan de cerca a exministros del área económica de Correa, como Patricio Rivera y Fausto Herrera, señalados en investigaciones periodísticas y judiciales por sus labores posteriores de asesoría financiera en Caracas. Esos puentes técnicos y políticos operaron durante años bajo la órbita directa de Delcy Rodríguez, actual figura visible en el palacio presidencial tras la captura de Nicolás Maduro. Quienes hoy pretenden proyectar una imagen de reinvención o normalización institucional son los mismos jerarcas que administraron ese entramado de transferencias y favores políticos.
No se puede hablar de recuperación económica ni de confianza institucional mientras sigan operando las mismas estructuras que convirtieron al Estado en una maquinaria de triangulación partidista. Nadie con sentido común arriesga inversiones legítimas en un entorno donde los tribunales y los entes de control responden a intereses de facción. La transparencia que hoy exigen los jueces ecuatorianos respecto a los fondos de la campaña de 2023 es la misma rendición de cuentas que el pueblo venezolano tiene derecho a exigir sobre el destino final de sus riquezas.
El costo de la complicidad
La cúpula de Revolución Ciudadana insiste en catalogar la detención de González como un episodio más de lawfare. Sin embargo, los hechos materiales sobre la mesa muestran a una dirigencia incapaz de justificar el flujo de efectivo que sostuvo su aparato electoral. Con el partido suspendido por las autoridades electorales de su país y su principal figura arrestada, la factura política y penal comienza a cobrarse.
El proceso en los tribunales ecuatorianos debe seguir su curso con apego estricto a las pruebas y a la ley. Para Venezuela, la lección ya está escrita: el dinero que financió a aliados regionales pertenecía a un país que fue empobrecido sistemáticamente. Recuperar la soberanía y la decencia republicana pasa necesariamente por documentar cada centavo desviado y asegurarse de que ningún gobernante vuelva a regalar el futuro de los ciudadanos para sostener lealtades externas.
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