Veinte años de cárcel para el ejecutor de Ronald Ojeda y una acusación que apunta directo a Caracas

La condena dictada por el Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago contra Maickel David Villegas Rodríguez zanja una primera etapa judicial en uno de los episodios más graves de violencia política extraterritorial vistos en el continente. Villegas recibió una pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo por el secuestro con homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda Moreno. Es el castigo más severo que permitían los acuerdos de extradición suscritos con Costa Rica, país donde fue capturado cuando intentaba seguir escapando hacia el norte.

La frialdad de un operativo planificado

Los hechos que quedaron acreditados en el tribunal reflejan un método calculado para intimidar y desaparecer. La madrugada del 21 de febrero de 2024, un grupo comando caracterizado con indumentaria falsa de la Policía de Investigaciones de Chile asaltó el departamento de Ojeda en la comuna de Independencia. Lo sacaron descalzo, en ropa interior y maniatado delante de su esposa y su hijo de seis años. Nueve días más tarde, su cuerpo fue hallado a casi un metro y medio de profundidad, sepultado dentro de una maleta bajo una plancha de cemento en una toma de Maipú.

El informe forense descartó impactos de bala o lesiones accidentales. La muerte de Ojeda se produjo por una asfixia posicional cruenta, tras haber sido colgado por las extremidades superiores hasta que la musculatura respiratoria cedió por completo. Durante todo el cautiverio nunca existió una llamada de extorsión ni un pedido de dinero. No era la dinámica usual del hampa común.

El papel de Villegas dentro de la estructura de 'Los Piratas', brazo del Tren de Aragua en Chile, consistió en tareas de vigilancia previa, el traslado de parte de la banda y el registro audiovisual del secuestro. Las pesquisas comprobaron que grabó a la víctima mientras era retirada del edificio para enviar la filmación como prueba de cumplimiento a los niveles superiores del mando criminal.

El mecanismo de tercerización

El tribunal se concentró de manera estricta en la responsabilidad material de Villegas, pero el expediente principal que lidera el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía chilena persigue una estructura mucho más amplia. El fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, ha sostenido con claridad ante la opinión pública que el secuestro y asesinato de Ojeda no respondió al giro delictivo habitual de la organización, sino a una tercerización por encargo político.

Las declaraciones de testigos bajo reserva, las pericias telefónicas y el flujo de comunicaciones intervenidas han conducido a los investigadores hacia Diosdado Cabello. De acuerdo con los antecedentes del Ministerio Público chileno, Cabello coordinó el encargo directamente con las cabecillas del Tren de Aragua y gestionó los pagos fraccionados para ejecutar la operación contra el militar disidente, quien contaba con refugio político formal concedido por el Estado chileno tras escapar de la persecución judicial en su país.

Barros ha señalado públicamente que, de encontrarse Cabello en territorio chileno, los elementos reunidos habrían justificado de inmediato una orden de captura por el mismo delito atribuido a los ejecutores. La línea de investigación sigue activa e incluye gestiones de cooperación internacional orientadas a recabar declaraciones formales de figuras del régimen que hoy responden ante la justicia federal estadounidense.

Los límites de la impunidad

El proceso judicial en Chile continúa ahora con un juicio de gran envergadura contra cerca de una veintena de miembros de la misma célula delictiva, entre ellos varios cabecillas extraditados desde terceros países. La coordinación transnacional entre bandas criminales y operadores de poder estatal ha dejado de ser una sospecha retórica para convertirse en materia de acusaciones penales con nombres, apellidos y penas carcelarias efectivas.

Quienes diseñaron y financiaron el asalto a la soberanía chilena para acallar a un oficial refugiado calcularon mal la resistencia institucional. Cada condena impuesta en Santiago desmorona el velo de protección de los ejecutores y documenta la cadena de mando. La condena a Villegas demuestra que los intermediarios terminan en prisión, y la insistencia de la Fiscalía chilena confirma que las responsabilidades de quienes pagan y dan las órdenes no prescriben ni quedan cubiertas por fronteras cómplices.