El ajuste de Suiza en sus listas de fondos ilícitos no limpia el prontuario chavista
La decisión técnica de Berna de retirar a la esposa de Diosdado Cabello y a Jorge Arreaza de su catálogo de activos congelados demuestra que las medidas internacionales persiguen patrimonios concretos y no a la población.
La reciente actualización del Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza sobre bienes vinculados a la cúpula chavista dejó una lección clara sobre cómo funciona la justicia patrimonial internacional. La salida de Marleny Contreras, esposa del ministro de Interior Diosdado Cabello, y del diputado Jorge Arreaza generó titulares inmediatos, pero la explicación detrás de la medida dista mucho de ser una victoria moral o política para el oficialismo.
Una decisión técnica, no una absolución
La medida aplicada en Berna no responde a sanciones políticas ni a un tribunal penal ordinario. Se fundamenta en la Ley Federal sobre el Bloqueo y la Restitución de Valores Patrimoniales de Origen Ilícito de Personas Políticamente Expuestas en el Extranjero. Es un instrumento cautelar: su única función es inmovilizar dinero sospechoso dentro del sistema bancario suizo para que no escape hacia paraísos fiscales, con la promesa legal de restituirlo a la población venezolana si se comprueba su procedencia delictiva.
Tras los controles de debida diligencia financiera, las autoridades helvéticas comprobaron que ni Contreras ni Arreaza poseen cuentas bancarias, propiedades o activos radicados en Suiza. Al no existir fondos que asegurar en sus bancos, mantenerlos en ese catálogo específico carecía de sustento legal. Quien no tiene depósitos en Zúrich o Ginebra no puede ser objeto de un congelamiento bancario local. Confundir la ausencia de cuentas con una declaración de inocencia es una distorsión deliberada.
El cerco financiero se amplía
Lejos de debilitarse, la vigilancia en Suiza sobre el dinero derivado de la corrupción venezolana aumentó su alcance. La lista general pasó de 37 a 41 personas. Berna sumó a seis operadores centrales del esquema financiero chavista, encabezados por Alex Saab y su socio Álvaro Pulido, ambos bajo custodia o procesos judiciales en Estados Unidos tras haber participado en tramas multimillonarias de blanqueo vinculadas a contratos estatales.
Junto a ellos ingresaron figuras como José Vicente Amparan Croquer, señalado en investigaciones por lavado de dinero ligadas a Petróleos de Venezuela; Mario Enrique Bonilla Vallera, vinculado a Nicolás Maduro Guerra; Milagros Coromoto Torres Morán, cónyuge del exviceministro Nervis Villalobos; y María Consuelo Pardi Celis, exesposa del exviceministro Javier Alvarado Ochoa. El núcleo patrimonial que saqueó el erario público continúa bajo la mira.
El falso discurso del bloqueo general
Durante más de una década, los voceros de la cúpula intentaron convencer al país de que el colapso de los hospitales, el racionamiento eléctrico inhumano y la destrucción de la moneda eran consecuencia de supuestas agresiones internacionales contra la nación. Este tipo de procedimientos desmonta esa narrativa por completo.
Las acciones internacionales de rastreo financiero nunca han sido contra el ciudadano común ni contra Venezuela como país. Tienen nombres, apellidos y cédulas. Se persigue a funcionarios y testaferros que acumularon fortunas mientras el país padecía hambruna y precariedad. Resulta una paradoja evidente: acusaban a las sanciones de generar la crisis, cuando en realidad se les sanciona y persigue precisamente por haber vaciado las arcas públicas.
Las deudas pendientes con la justicia
El retiro técnico de Contreras en Suiza no modifica las medidas individuales que pesan sobre ella y sobre Diosdado Cabello en otras jurisdicciones, como las sanciones y acusaciones formales emitidas por el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Esos procesos siguen abiertos y firmes.
Tanto Cabello como su entorno más cercano arrastran responsabilidades inocultables frente a la destrucción institucional y las violaciones a los derechos de millones de venezolanos. La falta de rastros bancarios en un país específico no anula el reclamo de justicia. Cuando llegue el momento de rendir cuentas ante instituciones legítimas e independientes, ningún tecnicismo burocrático servirá de refugio.
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