La transición en Venezuela no puede perder el foco ante instituciones que siguen secuestradas

La imagen de Dinorah Figuera en el Departamento de Estado junto al secretario Marco Rubio ratifica que Washington mantiene su atención sobre Venezuela. Tras el quiebre que significó la captura de Nicolás Maduro a comienzos de año, cualquier contacto formal entre la administración estadounidense y los representantes venezolanos despierta interés. Sin embargo, ver los resultados prácticos de esa mesa de diálogo obliga a poner los pies en la tierra: lo que se presenta como avance dista mucho de ser la reinstitucionalización urgente que el país necesita.

El respaldo expresado por Rubio a la delegación de la Asamblea Nacional de 2015 fue explícito. Se habló de paciencia, de una oportunidad histórica y de progresos tangibles. El problema radica en qué se está considerando un progreso tangible. Al revisar el inventario de acuerdos alcanzados con los representantes de Delcy Rodríguez en Caracas, la lista parece más un catálogo de concesiones menores que una transformación real del aparato institucional.

Triunfos cosméticos frente al control real

El balance que exhiben los negociadores incluye el desbloqueo de más de setenta sitios web y la revisión de leyes utilizadas para la persecución, como la denominada ley contra el odio. Calificar el desbloqueo digital como un hito político es ignorar la naturaleza del problema. Que un operador técnico levante una restricción en un servidor no altera la estructura de control del Estado ni garantiza libertades fundamentales. Ese mismo acceso puede clausurarse al día siguiente con la misma facilidad.

Lo mismo ocurre con los instrumentos jurídicos de hostigamiento. El terrorismo de Estado en Venezuela no dependió de un texto legal para perseguir, encarcelar y quebrar vidas; las leyes hechas a la medida fueron apenas el envoltorio de una maquinaria que operó sin frenos morales. Discutir retoques legislativos mientras las fuerzas de seguridad y las cárceles clandestinas permanecen intactas no desmantela el peligro.

Tampoco las excarcelaciones selectivas pueden presentarse como una victoria definitiva. Cada preso político que sale a la calle representa un alivio incuestionable para sus allegados, pero mientras las familias de militares y civiles injustamente detenidos sigan esperando respuestas en las puertas de los centros de reclusión, el sistema carcelario continuará funcionando como una puerta giratoria. Liberar a cuentagotas no es justicia; es administración del chantaje.

El aplazamiento constante del Poder Judicial

El punto neurálgico de cualquier transición creíble radica en dos entes: el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral. Sin jueces probos y sin un árbitro imparcial, cualquier intento de normalización política carece de piso firme. No existe inversión seria que aterrice en el país ni elección confiable que pueda organizarse bajo las reglas de un sistema viciado.

En agosto se anunció como un gran logro el consenso para renovar a los treinta y dos magistrados del TSJ. Se habló de ejecutar los pasos con prontitud. Luego, la meta se fijó para noviembre. Ahora las previsiones se deslizan hacia diciembre. Esta dilación resulta incomprensible cuando se compara con la velocidad con la que el régimen aprobaba decretos y liquidaba garantías en el pasado. Cuando existía voluntad para destruir, sobraba rapidez; ahora que corresponde rescatar las instituciones, el proceso se empantana en formalismos.

Para colmo, la Comisión Preliminar encargada de estructurar el Comité de Postulaciones Judiciales quedó integrada con ocho diputados del oficialismo frente a solo tres de la oposición, bajo la dirección de Giuseppe Alessandrello. Dejar la depuración de la máxima corte en manos de la misma mayoría que convalidó la persecución durante años es repetir viejos tropiezos.

Desvío de prioridades y cálculos políticos

Mientras los temas estructurales se postergan, la conducción de la mesa parece dispersar su atención en asuntos gremiales y entregas puntuales. Recibir sectores médicos, reunirse con colegios profesionales o celebrar la llegada de insumos a hospitales son gestiones que corresponden a la administración ejecutiva, no a una representación parlamentaria cuyo único mandato transitorio debería ser forzar la reinstitucionalización.

Asumir esas tareas proyecta la sensación de que se busca acumular tribuna pública y presencia de cara al futuro, en lugar de encarar el conflicto central. Los ciudadanos que padecieron la destrucción de los servicios, el colapso del transporte, la inflación y la violencia institucional no necesitan intermediarios que jueguen a gestionar migajas. Necesitan reglas claras, justicia imparcial y la salida definitiva del modelo criminal.

El esfuerzo de la administración de Donald Trump y la firmeza del secretario de Estado merecen reconocimiento por haber puesto un freno histórico al régimen. Pero la delegación que encabeza Dinorah Figuera se equivoca si cree que el país aceptará dilaciones indefinidas como si fueran diplomacia de altura. Si la renovación del TSJ y el CNE sigue rodando en el calendario, la mesa no habrá servido para recuperar la República, sino para administrar el tiempo de quienes se niegan a soltar el poder.