Igbert Marín Chaparro: La pena cumplida y el candado judicial del terrorismo de Estado
El teniente coronel Igbert Marín Chaparro cumplió su condena hace un año. En lugar de recibir su boleta de excarcelación, el aparato represivo le fabricó un expediente inverosímil para perpetuar su secuestro.
En un país donde las instituciones funcionen bajo el imperio de la ley, el cumplimiento del tiempo de una condena se traduce de manera automática en la emisión de una boleta de excarcelación. En la Venezuela secuestrada por el terrorismo de Estado, cumplir una pena impuesta por motivos políticos no garantiza la libertad: activa, por el contrario, los mecanismos de reciclaje penal para mantener tras las rejas a quienes representan una amenaza moral para la cúpula usurpadora.
El caso del teniente coronel Igbert José Marín Chaparro sintetiza la barbarie y el ensañamiento judicial de un sistema que persigue el mérito y premia la sumisión. Ocho años y siete meses después de su detención arbitraria ocurrida el 2 de marzo de 2018, y a más de un año de haber cumplido íntegramente su condena el 9 de septiembre de 2025, Marín Chaparro no solo sigue confinado en la cárcel de El Rodeo I, sino que enfrenta un nuevo proceso judicial diseñado a la medida para garantizar su permanencia en presidio.
El castigo a la excelencia y a la dignidad militar
Para entender el encono contra Marín Chaparro es necesario revisar su trayectoria. Egresado de la Academia Militar del Ejército en la promoción de 1999 con el promedio académico más alto en la historia de esa institución, el oficial comandaba el 312 Grupo de Caballería Motorizada 'GB Juan Pablo Ayala' cuando decidió no callar ante la descomposición interna. Su delito no fue conspirar; su crimen, a los ojos de una estructura podrida, fue denunciar la precariedad de la tropa, el estado deplorable de los equipos militares y la corrupción rampante en los mandos castrenses.
Esa postura le costó una detención sin orden judicial en Fuerte Tiuna, siete días de desaparición forzada en sótanos de tortura y una sentencia por instigación a la rebelión. El chavismo, que ha promovido la degradación de las Fuerzas Armadas y ha sustituido la doctrina republicana por el servilismo ideológico, teme profundamente a los oficiales con formación impecable, liderazgo legítimo y apego estricto a la Constitución.
'La Viñeta': la fabricación de un candado judicial
El vencimiento de la condena original obligaba legalmente a su liberación. Sin embargo, en febrero de 2024, mediante una audiencia nocturna celebrada en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el aparato represivo activó una segunda causa judicial: el denominado caso 'La Viñeta'.
La imputación fiscal roza el absurdo procedimental: se le acusa de haber planificado en 2023 acciones para capturar funcionarios y atacar la sede del Consejo Nacional Electoral, supuestamente trazando planos operativos desde su celda de aislamiento en Boleíta. Pretender que un preso político sometido a incomunicación rigurosa, monitoreo constante y aislamiento celular pueda organizar una operación de tal envergadura no resiste el más mínimo análisis lógico ni técnico; confirma, más bien, que el expediente es un mero artefacto administrativo para imponerle una pena adicional de hasta 30 años.
El 7 de septiembre de 2026 se dio inicio al juicio oral de este nuevo caso. Tras diferimientos sistemáticos, el proceso continuó sus audiencias hacia finales de mes en un tribunal carente de independencia, consolidando la segunda causa como un candado artificial frente al cumplimiento de la primera condena.
Amnistías selectivas y hostilidad carcelaria
La narrativa oficial sobre pretendidas aperturas y medidas de reconciliación queda desmentida ante la realidad de los presos políticos militares. El 8 de abril de 2026, el tribunal a cargo negó formalmente la solicitud de amnistía presentada a favor de Marín Chaparro, ratificando el criterio de que los oficiales institucionales no tienen cabida en los supuestos perdones legislativos.
El deterioro de sus condiciones de reclusión acompaña este laberinto procesal. Tras soportar severas huelgas de hambre en demanda de derechos básicos (una de 17 días y otra que se extendió por 63 días), Marín Chaparro fue trasladado a El Rodeo I. Los reportes de organizaciones de derechos humanos como el Observatorio Venezolano de Prisiones y Foro Penal detallan un régimen de visitas limitado a través de cristales, secuelas físicas como tendinitis en su muñeca izquierda derivada del uso prolongado de esposas y la falta de atención médica adecuada para controlar sus problemas de presión arterial.
Sin libertad no hay reinstitucionalización
Un país no puede avanzar hacia una transición democrática seria ni recuperar la confianza económica e institucional mientras mantenga prisiones repletas de rehenes políticos. La libertad del teniente coronel Igbert José Marín Chaparro, padre de dos hijos menores de edad, no es un favor que deba negociarse en mesas de canje ni un beneficio sujeto a discrecionalidades burocráticas; es una exigencia legal perentoria por pena cumplida y un imperativo ético para una sociedad que aspire a restablecer el valor de la justicia.
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