Frente a los cargos por tortura, a Maduro y a Cilia Flores les convendría romper el pacto de silencio
Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecen en Manhattan para escuchar la acusación formal que añade cargos por torturas atroces. Con penas mínimas de medio siglo sobre la mesa, colaborar con la justicia estadounidense señalando a la cadena de mando criminal es la única salida sensata que les queda.
Este 15 de octubre, a las once de la mañana, Nicolás Maduro y Cilia Flores tienen una cita obligada en la sala del juez Alvin K. Hellerstein, en el Distrito Sur de Nueva York. No llegan con investiduras ficticias ni rodeados de escoltas armados; llegan desde las celdas del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde permanecen recluidos desde que fueron capturados a principios de este año en Caracas. La audiencia tiene un propósito formal: la lectura de cargos bajo una acusación sustitutiva que cambia por completo la dimensión de su proceso penal.
A los delitos iniciales de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armamento de guerra, los fiscales federales sumaron un cargo que describe con crudeza quirúrgica lo que los venezolanos padecieron durante décadas: conspiración para cometer tortura. El documento judicial no se queda en generalidades políticas. Describe métodos salvajes ejecutados bajo su mando o anuencia entre 1999 y 2025: descargas eléctricas directas en los genitales, ahogamientos simulados, golpizas constantes, inanición premeditada y celdas de aislamiento en centros clandestinos como Boleíta Norte.
El fin del cinismo frente a la evidencia
La acusación incorpora testimonios y pruebas documentales de ciudadanos estadounidenses torturados con inyecciones forzadas y choques en los testículos, así como de cientos de compatriotas anónimos cuyos derechos fueron pulverizados para sostener a una cúpula usurpadora. Sumados todos los delitos, el mínimo obligatorio al que se enfrentan ronda los 50 años de prisión. Para personas de su edad, eso equivale a una cadena perpetua indiscutible.
La defensa insiste en invocar una supuesta inmunidad soberana, un argumento vacío que la fiscalía desmontó con rapidez recordando que Washington desconoce esa legitimidad desde hace años. Pretender escudarse en tecnicismos diplomáticos después de haber saqueado el país y dirigido un aparato represivo transnacional conectado con las FARC, el ELN y bandas criminales es simplemente ridículo.
La oportunidad de hablar y señalar a los cómplices
La comparecencia de mañana abre un espacio formal donde ambos pueden declararse culpables o no culpables. Frente al peso abrumador de la evidencia reunida por agencias federales, insistir en la inocencia solo prolonga el camino hacia un juicio devastador pautado para mediados de 2027.
Lo mejor que le podría pasar a la causa de la verdad y de las víctimas es que Maduro y Flores aprovechen esta instancia para declararse culpables. Reconocer sus crímenes y pactar con la justicia estadounidense sería el único paso útil de sus vidas. Pero ese reconocimiento no puede ser un acto meramente administrativo para arañar unos años menos de condena: tiene que venir acompañado de delación pura y dura.
En la acusación figuran identificados como co-conspiradores clave personajes bajo las etiquetas CC-1, CC-2 y CC-3. Quienes conocemos el funcionamiento interno de esa estructura sabemos con precisión qué nombres y apellidos corresponden a esas siglas: los jefes de los aparatos de inteligencia militar y policial, los ministros que firmaron órdenes de persecución, los jueces cómplices del Tribunal Supremo de Justicia y los operadores financieros que lavaron el dinero sucio del narcotráfico.
El deber de quebrar la estructura criminal
Los tiranos suelen exigir lealtad ciega a sus bases mientras están arriba, pero en los pabellones carcelarios el libreto cambia. Si Maduro y Flores deciden colaborar, aportar documentos, nombres de testaferros y rutas exactas de los fondos malversados, le darían un golpe definitivo a las ramificaciones del régimen que todavía intentan atrincherarse en el poder y negociar impunidades.
Las víctimas de detenciones arbitrarias, los familiares de quienes murieron bajo custodia y los millones de desplazados merecen ver caer no solo a la cabeza visible, sino a toda la maquinaria de verdugos que ejecutó cada orden. Quebrar el pacto de silencio en Manhattan es la única vía para que empiece a hacerse justicia de verdad.
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