Las denuncias contra Verónica Alcocer y la sombra del puente aéreo hacia Venezuela

Durante años, quienes hemos padecido de cerca la descomposición institucional de Venezuela aprendimos a reconocer con rapidez el rastro que deja el crimen organizado cuando cruza fronteras. No hay frontera blindada cuando las cúpulas del poder deciden coordinar intereses al margen de la ley. Por eso, el escándalo destapado en Colombia por la revista Semana no resulta una sorpresa para el ciudadano común, sino la confirmación documental de un patrón que siempre estuvo a la vista.

Las declaraciones de Eva Ferrer, quien fuera asesora de máxima confianza de la entonces primera dama Verónica Alcocer, colocan sobre la mesa acusaciones de extrema gravedad. Ferrer sostiene que aeronaves oficiales asignadas a la Presidencia colombiana fueron utilizadas para vuelos clandestinos a Venezuela cargando maletas con estupefacientes, y que de regreso se movilizaron sumas millonarias en efectivo, como los 2,5 millones de dólares reportados en un viaje específico a finales de enero de 2023. A ello se suman registros de 149 vuelos estatales y presuntos nexos de su círculo cercano con tráfico de armas.

Alcocer ha desmentido con anterioridad estas afirmaciones, calificándolas de versiones sin fundamento y asegurando estar dispuesta a acudir ante los estrados judiciales. Sin embargo, el relato de una testigo directa que convivió en el corazón de ese poder no puede archivarse sin consecuencias, menos aún cuando describe una dinámica calcada de las operaciones delictivas que convirtieron a Caracas en un centro logístico de impunidad regional.

La diferencia sustancial frente al pasado reciente radica en la respuesta institucional de Bogotá. El presidente Abelardo de la Espriella no tardó en mover las piezas del Estado: ordenó una investigación exhaustiva a la Inspección General y contrainteligencia de la Fuerza Aérea sobre el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), advirtió con bajas fulminantes a cualquier militar implicado y solicitó formalmente la actuación de la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y las autoridades estadounidenses.

Esa determinación marca una ruptura necesaria. Los vínculos opacos entre sectores políticos del continente y el aparato de poder instaurado en Venezuela han costado demasiado sufrimiento, hambruna y violencia a los pueblos de la región. Tratar a las mafias como lo que son, sin concesiones diplomáticas ni complicidades ideológicas, es el único camino para desmantelar un andamiaje criminal que durante décadas operó con absoluta soberbia en detrimento de la ley y de los ciudadanos.