El descaro de prometer comida en Roma tras haber quebrado al campo venezolano
Subir a la tribuna de la FAO a disertar sobre seguridad alimentaria requiere un cinismo desmedido cuando se representa al mismo proyecto político que arruinó la producción nacional y convirtió la comida en un negocio criminal.


Hay que tener un aplomo de hierro y una ausencia absoluta de vergüenza para plantarse en la sede de la FAO, en Roma, y dar lecciones sobre el derecho sagrado a la alimentación. Eso fue exactamente lo que hizo Delcy Rodríguez al intervenir en el Foro Mundial de la Alimentación para anunciar, con pompa diplomática, el bautizado Plan Venezuela Alimenta. Ver a la jerarquía del régimen pasearse por Italia hablando de innovación, soberanía alimentaria y respeto por los campesinos resulta un insulto directo a la memoria y al estómago de millones de venezolanos que sufrieron los rigores de una de las crisis nutricionales más severas que haya padecido este continente.
El libreto presentado ante delegaciones internacionales recurre a la narrativa del renacimiento. Según esta fábula, el Estado venezolano ahora redescubre la tierra, acompaña al pequeño agricultor y reduce la desnutrición a mínimos estadísticos que provocarían envidia en el primer mundo. Sin embargo, quienes crecimos viendo cómo el chavismo desmembró metódicamente cada eslabón productivo del país sabemos que ese relato es una burla. Hablan de proteger a quien siembra cuando fueron ellos quienes expropiaron millones de hectáreas productivas para convertirlas en eriales improductivos, persiguieron a los gremios agropecuarios e impusieron controles de precios concebidos para quebrar a cualquier persona honesta que intentara producir un litro de leche o un kilo de maíz.
La paradoja de la seguridad jurídica
Durante su intervención, Rodríguez soltó una frase que raya en el absurdo: aseguró que ningún sistema alimentario prospera sin seguridad jurídica sobre la tierra y la propiedad privada. Que esa afirmación provenga del mismo aparato político que despojó a propietarios legítimos mediante transmisiones televisadas al grito de «exprópiese» retrata la catadura moral del discurso. Durante años destruyeron fincas modelos, saquearon hatos ganaderos y hostigaron a la empresa privada hasta aniquilar la oferta local. Ahora pretenden convencer a diplomáticos extranjeros de que ellos son los garantes de la certeza legal en el campo.
Nadie invierte ni trabaja la tierra con tranquilidad cuando las instituciones no son más que oficinas subordinadas a la conveniencia del poder. La agricultura requiere estabilidad de largo plazo, crédito transparente, insumos accesibles y reglas claras que ningún burócrata pueda alterar de la noche a la mañana. La ruina del campo venezolano no fue producto de un fenómeno meteorológico; fue la consecuencia directa de una ideología que castigó la iniciativa privada para someter a la sociedad a la dependencia absoluta del Estado.
El negocio del hambre y la importación
Cuando la producción interna colapsó bajo el peso de las confiscaciones y la burocracia, el régimen no corrigió el rumbo. Por el contrario, vio en la escasez una oportunidad inmejorable de control social y enriquecimiento ilícito. El suministro de alimentos pasó a ser administrado como un grifo que se abría o cerraba según la lealtad política, mientras las divisas públicas se desviaban hacia importaciones masivas manejadas por redes oscuras de intermediarios.
La memoria colectiva no olvida episodios emblemáticos de este desastre:
- El escándalo de Pudreval: Más de cien mil toneladas de comida abandonadas en contenedores portuarios hasta pudrirse por negligencia y corrupción interna, mientras los ciudadanos hacían filas interminables en los abastos estatales.
- La quiebra de la red pública: Cadenas de supermercados estatizadas como Abastos Bicentenario, arrebatadas al sector privado bajo la promesa de precios justos, terminaron desvalijadas, vacías y finalmente clausuradas.
- El entramado de los CLAP: El sistema de cajas de alimentos subsidiados que sirvió como fachada para contrataciones multimillonarias a favor de operadores como Alex Saab y Álvaro Pulido.
A través de empresas interpuestas en diversas jurisdicciones, estos contratistas facturaron cientos de millones de dólares suministrando productos de ínfima calidad a precios inflados. La leche que no alimentaba a los niños y los granos partidos que llegaban a los hogares más vulnerables no eran ayuda social; eran el residuo visible de un esquema de corrupción transnacional que la justicia internacional ha ido desentrañando. Que los mismos arquitectos de esa estructura pretendan hoy presentarse en Roma como campeones de la nutrición humana es una bofetada a las víctimas de ese modelo.
Discursos en Europa, realidades en los hogares
El contraste entre los discursos en auditorios europeos y la cotidianidad del ciudadano de a pie sigue siendo abismal. Mientras se exhiben gráficos complacientes en la FAO y se habla de inteligencia artificial en la agricultura, el venezolano común conoce de primera mano lo que cuesta llevar un plato de comida a la mesa, el deterioro persistente de los servicios públicos que asfixia a las regiones agrícolas y la falta de combustible que deja cosechas enteras pudriéndose a orillas de las carreteras.
Venezuela tiene un potencial agrícola indiscutible y una población trabajadora capaz de recuperar la despensa nacional. Pero ese renacer productivo no vendrá de leyes para economías comunales ni de anuncios rimbombantes diseñados para limpiar expedientes en foros internacionales. La verdadera recuperación comenzará el día en que exista un Estado de derecho real, con tribunales imparciales que defiendan la propiedad privada, un sistema financiero libre y autoridades que respeten al productor en lugar de extorsionarlo. Todo lo demás es propaganda diplomática para disimular la devastación que ellos mismos provocaron.
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